Agustín Espinoza plantea una política de Estado que garantice rentabilidad, comercialización y fertilizantes para el agro sinaloense.
Culiacán, Sin. – Aunque reconoció los avances alcanzados durante la visita a Sinaloa de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, el secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC), Agustín Espinoza Laguna, advirtió que el campo mexicano no puede continuar resolviendo sus problemas únicamente cuando las cosechas ya están en los patios o cuando las protestas obligan a instalar mesas de negociación. El dirigente sostuvo que es momento de construir un acuerdo integral que otorgue certeza a los productores antes de sembrar, con reglas claras sobre qué cultivos requiere el país, quién comprará la producción, bajo qué condiciones se comercializará y cuál será el precio que permita recuperar los costos de producción y obtener una utilidad razonable.
Espinoza Laguna reconoció que la comercialización de la cosecha de maíz y el avance en los pagos comprometidos representan un alivio para miles de productores sinaloenses, pero puntualizó que esos resultados únicamente resuelven parte de los problemas del ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026. Afirmó que el verdadero desafío sigue siendo estructural, ya que Sinaloa no puede continuar negociando “cosecha por cosecha, cultivo por cultivo y protesta por protesta”. Enfatizó que producir grandes volúmenes sin generar rentabilidad significa descapitalizar a los agricultores y comprometer la seguridad alimentaria del país.
El líder campesino consideró positivo que la titular de la Sader reconociera públicamente el elevado costo de los insumos agrícolas y anunciara acciones encaminadas a compras consolidadas, acceso a mejores semillas y financiamiento más competitivo. Sin embargo, insistió en que esos anuncios deben traducirse en programas específicos, con reglas de operación, presupuesto, fechas definidas y resultados medibles, para que los beneficios lleguen efectivamente a los productores.
Uno de los temas prioritarios, dijo, es la definición de una política nacional para el abastecimiento de fertilizantes nitrogenados. Recordó que, debido a los problemas internacionales de suministro y la volatilidad generada por conflictos geopolíticos, durante el año pasado los agricultores sinaloenses enfrentaron un sobrecosto superior a los 3 mil millones de pesos únicamente en fertilizantes, recursos que salieron directamente de productores que ya se encontraban severamente descapitalizados.
En ese contexto, señaló que el debate sobre la planta de fertilizantes de Topolobampo debe analizarse desde una perspectiva de seguridad alimentaria nacional. Expuso que, si el proyecto cumple con todos los requisitos legales, ambientales, técnicos y sociales, corresponde a las autoridades resolver conforme a derecho. No obstante, añadió que, si la decisión final fuera impedir su operación pese a registrar un avance superior al 90 por ciento en su construcción, el Gobierno de México tendría la obligación de presentar una alternativa seria que garantice el suministro suficiente y competitivo de fertilizantes para la agricultura nacional.
Espinoza Laguna también hizo referencia a los productores de trigo, quienes aún esperan una definición clara sobre los apoyos comprometidos. Señaló que el diálogo debe traducirse cuanto antes en una mecánica operativa, apertura de ventanillas y fechas precisas para los pagos, ya que quienes cumplieron sembrando y cosechando no pueden permanecer indefinidamente a la espera de reglas que debieron existir desde el inicio del ciclo agrícola.
Como propuesta, el dirigente de la COUC planteó la construcción de un Acuerdo para la Rentabilidad y la Soberanía Alimentaria, en el que participen el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, productores, compradores, la industria, instituciones financieras y organizaciones del sector. Dicho acuerdo, explicó, debe contemplar una estrategia de ordenamiento productivo, agricultura por contrato, financiamiento competitivo, reducción verificable de los costos de producción, una política nacional de fertilizantes, administración estratégica de importaciones durante las cosechas nacionales, manejo sustentable del agua y un esquema que garantice al productor recuperar sus inversiones y obtener ganancias.
El dirigente campesino reiteró que el campo sinaloense no necesita vivir permanentemente de programas de rescate, sino de condiciones que hagan rentable la actividad agrícola. “Reconocemos los acuerdos que se cumplen y mantendremos la disposición al diálogo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero el siguiente paso ya no puede ser otro programa temporal para enfrentar la próxima crisis. El siguiente paso debe ser evitar que la crisis vuelva a ocurrir. Defender al productor significa darle certidumbre para sembrar, producir con competitividad, vender con rentabilidad y seguir alimentando a México”, concluyó el dirigente campesino.
