La SEP enfrentará un duro obstáculo para erradicar las escuelas militarizadas

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Guanajuato mantendrá sus bachilleratos militarizados pese a la instrucción de la SEP. La falta de supervisión continua y el debate sobre la disciplina escolar reabren la discusión sobre la seguridad y el modelo educativo en los planteles del país.

A pesar de la instrucción emitida por la Secretaría de Educación Pública para cerrar las escuelas militarizadas en el país, el gobierno de Guanajuato confirmó que mantendrá en operación los 6 planteles de bachillerato bivalente militarizado. Esta decisión se fundamenta en que dichas instituciones funcionan como centros públicos enfocados en la educación tecnológica, con especialización en ciberseguridadprotección civil seguridad ciudadana.

Daniel Hernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, explicó que el panorama de estas instituciones es complejo, ya que existen diferencias estructurales entre los servicios privados y los sistemas estatales.

Mientras que la autoridad federal busca intervenir ante casos de violencia, la operatividad de los bachilleratos públicosestatales responde a normativas locales distintas. Algunas entidades donde podrían darse complicaciones para hacer cumplir esta norma, indicó el experto en entrevista para El Heraldo Radio son los siguientes:

  • Guanajuato.
  • Baja California.
  • Coahuila.
  • Aguascalientes.
  • Nuevo León.
  • Zacatecas.

“Bajo esos tres supuestos, sería muy difícil cerrar estas escuelas, como tú planteas. Sin embargo, en el artículo 73 de la Ley de Educación, dice que las escuelas deberán tener una disciplina compatible con la edad. Bueno, ahí podría agarrarse la Secretaría de Educación Pública para pedir a los estados que cierre estas escuelas porque evidentemente esta medida disciplinaria fue excesiva para las edades de los infantes.”


La muerte de una joven en la Academia Militarizada Doenitz fue la que ocasionó que se suscitara el debate y la legislación sobre estos centros. FOTO: archivo.

¿Cuál es el mayor obstáculo para prohibir las escuelas militarizadas en México?

El especialista detalló que, en el caso de los bachilleratos públicos, el componente militar se limita a actividades paraescolares, como la instrucción cerrada y el estudio de historia militar, sin mantener una relación orgánica con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Uno de los puntos centrales del debate es la falta de vigilancia efectiva por parte de las autoridades educativas, quienes suelen reaccionar ante eventos críticos en lugar de mantener una supervisión constante. Hernández señaló que la capacidad de inspección es una de las debilidades del sistema educativo mexicano, debido a las limitaciones presupuestarias y operativas que enfrentan los estados para supervisar tanto instituciones públicas como privadas.

“La autoridad tiene esta potestad, pero le cuesta mucho trabajo cumplirla, porque cuesta dinero; visitar escuelas implica gasolina, tiempo de supervisores, etcétera. Eso creo que es muy delicado y es siempre muy triste que descubramos temas educativos cuando tenemos una tragedia.”


Las academias militarizadas no están ligadas a la Defensa.

El enemigo no es la escuela, sino las novatadas y la violencia escolar

El académico subrayó que el enfoque debe centrarse en transformar los centros escolares en espacios de paz y convivencia, erradicando cualquier práctica de violencia novatadas, independientemente del modelo educativo que se imparta.

“Ningún acto de violencia, sea en el sistema que sea, debe ser permitido. Ese es el tema y cuando tengamos, si toco madera, abiertamente, otro evento de violencia, vamos a descubrir que otras escuelas donde hay novatadas, pues tienen efectos sobre la salud de los niños o de los jóvenes e incluso muertes de los jóvenes o una denigración en su personalidad que ocurre a lo largo de cuatro años.”

Hernández concluyó que, al priorizar el aprendizaje, resulta innegable que cualquier práctica que altere el ambiente escolar propicio debe ser eliminada, instando a una respuesta sistémica que garantice la seguridad de los estudiantes en todos los niveles educativos.

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