La presidenta Sheinbaum subrayó que las instituciones de procuración de justicia deben actuar con autonomía y con base en evidencias, por lo que evitó emitir un juicio anticipado.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para abrir o ampliar una investigación por la presunta protección que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, habría brindado al cártel de los Arellano Félix durante su administración.

Desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre señalamientos históricos relacionados con el exgobernador panista y respondió que cualquier indagatoria corresponde exclusivamente al Ministerio Público federal, el cual deberá valorar las pruebas y determinar si procede una investigación.

Sheinbaum subrayó que las instituciones de procuración de justicia deben actuar con autonomía y con base en evidencias, por lo que evitó emitir un juicio anticipado sobre las acusaciones. No obstante, sostuvo que, si existen elementos que así lo ameriten, corresponde a la FGR realizar las investigaciones pertinentes.

¿Cómo va el caso de Ernesto Ruffo?
Las declaraciones de la presidenta ocurren en medio del proceso judicial que enfrenta Ernesto Ruffo por una investigación distinta, relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones vinculadas con hidrocarburos.

La semana pasada, un juez federal vinculó a proceso al exmandatario estatal junto con otros presuntos integrantes de una red dedicada al llamado “huachicol fiscal”, al considerar que la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes para continuar el proceso penal. Como medida cautelar, Ruffo permanece sujeto a prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

¿Por qué se le relaciona con los Arellano Félix?
Los cuestionamientos sobre una posible relación entre el gobierno de Ernesto Ruffo y el cártel de los Arellano Félix no son nuevos. Desde hace varios años han existido declaraciones y señalamientos públicos sobre el crecimiento de dicha organización criminal durante la década de los noventa en Baja California.

En fechas recientes, la presidenta Sheinbaum recordó que incluso en años anteriores existieron acusaciones públicas en ese sentido y reiteró que, más allá de declaraciones políticas, corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos jurídicos que permitan iniciar o fortalecer una investigación.

Bajo esta premisa, la Fiscalía General de la República hasta el momento no ha informado sobre la apertura de una carpeta de investigación específica por estos señalamientos, por lo que el tema permanece sujeto a la valoración jurídica de la institución.