Agustín Espinoza afirma que mientras el campo enfrenta una crisis histórica, nadie protesta por los bajos precios de las cosechas ni por el abandono de los productores.

Culiacán, Sin. – En medio de una crisis que mantiene al campo sinaloense al borde del colapso por el incremento en los costos de producción, los bajos precios del maíz y el trigo, así como el abandono de las políticas públicas para la agricultura comercial, el secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa, Agustín Espinoza Laguna, cuestionó la campaña internacional emprendida para frenar la instalación de una planta de fertilizantes en Topolobampo,México y exigió transparencia sobre los intereses que respaldan esa oposición.

El dirigente campesino señaló que resulta preocupante que organizaciones internacionales destinen recursos para intentar bloquear un proyecto que consideran estratégico para el país, incluso mediante manifestaciones fuera de México para presionar a organismos financieros internacionales. Afirmó que, si bien toda inversión debe cumplir estrictamente con las normas ambientales vigentes, también es legítimo preguntar quién financia esta campaña, quién la coordina y qué intereses económicos, políticos o ideológicos existen detrás de ella.

Espinoza Laguna sostuvo que no es común que un reducido grupo de opositores locales tenga la capacidad de llevar un conflicto regional hasta Alemania con el objetivo de impedir el financiamiento de la planta GPO de fertilizantes que, aseguró, podría fortalecer la producción nacional de un insumo indispensable para la agricultura mexicana.

Indicó que la sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad y que la transparencia debe exigirse tanto a la empresa promotora del proyecto como a quienes buscan detener la inversión. En ese sentido, afirmó que, así como se demanda claridad sobre los estudios de impacto ambiental, también debe transparentarse el origen de los recursos, las alianzas internacionales y los intereses que respaldan la oposición.

El líder de la COUC lamentó que, mientras existe una intensa movilización para impedir la construcción de una planta de fertilizantes, no se observe el mismo interés por denunciar la crisis que enfrentan miles de productores agrícolas en el país.

“No vemos manifestaciones internacionales por los precios ruinosos del maíz y del trigo. No vemos campañas globales por el cierre de miles de unidades de producción. No vemos protestas frente a los bancos por el endeudamiento de las familias campesinas”, expresó.

Añadió que pareciera que para algunos el fertilizante solamente cobra relevancia cuando se trata de impedir que se produzca en territorio nacional, mientras quienes viven del campo enfrentan cada ciclo agrícola la dependencia de fertilizantes importados, precios elevados, incertidumbre, especulación y una pérdida constante de competitividad.

Espinoza Laguna afirmó que quienes se oponen a este tipo de inversiones no han presentado una alternativa viable para garantizar el abasto de fertilizantes, un insumo que calificó como indispensable para asegurar la producción de alimentos en México.

Sostuvo que el debate debe ir más allá del aspecto ambiental, ya que también involucra factores económicos, sociales y de seguridad alimentaria. En ese contexto, advirtió que México difícilmente podrá consolidarse como una potencia agroalimentaria mientras continúe dependiendo del extranjero para abastecerse de uno de los principales insumos de la producción agrícola.

El dirigente campesino reiteró que la defensa del medio ambiente es una causa legítima, pero consideró que utilizar ese argumento para bloquear proyectos estratégicos, sin plantear soluciones para el campo, termina afectando directamente a quienes producen los alimentos del país.

Los agricultores de Sinaloa, concluyó, exigen un debate serio, transparente y sustentado en evidencia científica, donde se revisen todos los estudios ambientales, se garantice el cumplimiento de la ley y también se transparenten los intereses de todos los actores involucrados, incluidos aquellos que, desde el extranjero, buscan influir en decisiones que impactan el desarrollo económico y la seguridad alimentaria de México.

“El futuro del campo mexicano no puede decidirse desde oficinas internacionales; primero debe escucharse la voz de quienes todos los días trabajan la tierra”, concluyó.