La Cancillería intensifica la vía legal y diplomática para esclarecer la muerte de 17 mexicanos en operativos y centros de detención del ICE.

El Gobierno de México elevó la presión diplomática y jurídica sobre Estados Unidos tras la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas desde mayo de 2025 durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya presentó 20 denuncias penales ante fiscalías estadounidenses y solicitó la intervención de organismos internacionales para esclarecer los casos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reforzó la estrategia jurídica y diplomática del Gobierno de México para exigir el esclarecimiento de la muerte de 17 ciudadanos mexicanos registradas desde mayo de 2025 durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Las acciones responden a la instrucción anunciada el 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que las autoridades estadounidenses investiguen cada caso, determinen posibles responsabilidades y garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Como parte de esta estrategia, el 14 de julio la Embajada de México en Estados Unidos remitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR), en la que solicita la apertura formal de investigaciones sobre los 17 fallecimientos y un informe sobre el avance de cada expediente.

Un día antes, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias ante autoridades locales: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado con jurisdicción en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, estados donde ocurrieron los decesos.

México reclama condiciones en centros del ICE
Durante reuniones con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, el embajador Roberto Lazzeri manifestó la preocupación del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención, incluidos aquellos operados por empresas privadas.

El diplomático solicitó el esclarecimiento de cada uno de los fallecimientos y pidió que las autoridades estadounidenses transparenten las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrieron las muertes.

La ONU también recibe el caso
La ofensiva diplomática también fue llevada al ámbito internacional. El secretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, envió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mediante la Misión Permanente de México en Ginebra.

En el documento se solicita al organismo analizar si los hechos son compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos, recabar información mediante solicitudes de aclaración al Gobierno estadounidense y emitir recomendaciones técnicas para prevenir nuevos casos.

Consulados acompañan a las familias
La Cancillería informó que la red consular mexicana mantiene asistencia permanente a los familiares de las víctimas, mediante acompañamiento jurídico, apoyo para la repatriación de restos y la realización de los trámites consulares necesarios.

Asimismo, la dependencia aseguró que continuará dando seguimiento a las investigaciones y mantendrá informadas a las familias sobre las respuestas que emitan tanto las autoridades estadounidenses como los organismos internacionales involucrados.

Mexicanos fallecidos a manos del ICE
Entre mayo de 2025 y julio de 2026 se han documentado 17 fallecimientos de ciudadanos mexicanos relacionados con operativos o centros de detención del ICE. Los casos ocurrieron en distintos estados de Estados Unidos y presentan circunstancias diversas, que incluyen presuntos suicidios, complicaciones médicas, uso de la fuerza por parte de agentes y muertes ocurridas durante traslados o redadas migratorias.

Las autoridades mexicanas buscan que cada expediente sea investigado de manera independiente para esclarecer las causas de los fallecimientos y, en su caso, determinar responsabilidades.