Frank Pérez aseguró que declararse culpable fue la mejor decisión posible ante la abrumadora evidencia que tenía la Fiscalía contra Ismael Zambada García

La condena de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, dictada por el juez Brian Cogan el pasado lunes, vino acompañada de una orden de decomiso sin precedentes: 15 mil millones de dólares, la cifra más alta impuesta a un capo mexicano por la justicia de Estados Unidos.

Sin embargo, el abogado del narcotraficante mexicano, Frank Pérez, ha asegurado que el gobierno estadounidense difícilmente podrá cobrar ese dinero porque no ha identificado bienes a nombre del líder cofundador del Cártel de Sinaloa.

“No hay manera de que pueda pagar eso. El gobierno no identificó ninguna propiedad, no identificó nada. Y usted y yo sabemos que las personas de ese nivel no tienen nada a su nombre”, dijo Pérez en entrevista con el periodista Ángel Hernández en Milenio.

Los 15 mil millones: una orden sin bienes identificados ni plazo para cobrarla

La orden de decomiso, firmada por el juez Brian Cogan, establece condiciones precisas para el pago. Los fondos únicamente podrán entregarse mediante giro postal o cheque bancario certificado a nombre del US Marshals Service, con los números de expediente anotados, y deberán enviarse por servicio de entrega nocturna a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, en 271-A Cadman Plaza East, Brooklyn.

La declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada abarcó dos cargos: haber dirigido una organización criminal continua ante el Distrito Este de Nueva York y haber participado en actividades de crimen organizado en el Distrito Oeste de Texas. Cada cargo generó una orden de decomiso independiente de 15 mil millones de dólares, aunque ambas son concurrentes y el monto no se duplica.

La orden subsistirá incluso en caso de quiebra del acusado o de sus herederos, administradores y causahabientes.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Zambada renunció de forma voluntaria a todas sus defensas constitucionales sobre el decomiso: el derecho a alegar que ya fue juzgado por los mismos hechos, que la ley se aplica de forma retroactiva, que los cargos prescribieron o que la multa es excesiva.

Quedó obligado a firmar todos los documentos necesarios para transferir la titularidad de sus bienes al gobierno federal y tiene prohibido asistir a terceros que intenten impugnar el decomiso.

Los 15 mil millones de dólares no corresponden a un saldo identificado ni a bienes ya confiscados. Son una estimación judicial construida a partir del volumen de drogas traficadas, el valor de mercado de esas sustancias, los bienes identificados y el flujo de dinero lavado durante décadas de investigación.

La orden de decomiso es la cifra más alta reclamada jamás a un capo mexicano, y supera en 2,400 millones de dólares lo que se le ordenó pagar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019.

Para dimensionar el monto: según el listado 2026 de Forbes México, 15 mil millones de dólares ubicarían a Zambada como la cuarta fortuna más grande del país, por debajo de Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco y Alejandro Baillères Gual.

El escrito de sentencia del fiscal Joseph Nocella Jr. explica que la cifra es mayor que la impuesta a El Chapo porque refleja el período adicional en que Zambada dirigió el cártel en solitario tras la captura de su exsocio en 2016. Bajo ese mando exclusivo, el Cártel de Sinaloa distribuyó al menos 1,500,000 kilogramos de cocaína, además de heroína y fentanilo.

Especialistas en justicia financiera advierten que en la mayoría de los casos el gobierno estadounidense no logra recuperar más que una fracción de estos montos.

Cadena perpetua sin juicio: el mejor escenario posible

Pérez tiene más de 26 años de experiencia como abogado defensor y fue detective de narcóticos en Dallas, Texas. Entre sus clientes figuran Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano del líder abatido del CJNG, y Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”, cuya cooperación con la justicia estadounidense le permitió reducir su sentencia y ser liberado hace cinco años.

Pérez fue directo al evaluar las opciones que tenían: ir a juicio no era viable. “No había forma de ganar un juicio. La evidencia contra el señor Zambada era del dominio público. Salió en el juicio de El Chapo. Así que la misma evidencia que tenían contra El Chapo, la tenían contra el señor Zambada. Los mismos testigos, la misma evidencia”, dijo a Milenio. Pérez consideró que lograron el mejor escenario posible dadas las circunstancias.

El juicio del Chapo en 2019 duró 11 semanas y requirió la presentación de unos 30 testigos cooperantes, millones de dólares en costos adicionales de seguridad y medidas que afectaron el tráfico vehicular en Nueva York.

El propio memorándum de sentencia de Pérez señaló que Zambada, al declararse culpable, evitó lo que habría sido uno de los procesos federales más complejos de la historia, protegió a víctimas y testigos que no tuvieron que declarar y ahorró al sistema judicial decenas de millones de dólares.

La estrategia tuvo un costo que Pérez reconoce abiertamente: Zambada recibe la misma sentencia que El Chapo pese a haber cooperado con el sistema de una forma que su exsocio no hizo. “No hay beneficio en la sentencia”, escribió en el memorándum. Lo que pidió a cambio fue que esa diferencia de conducta se reflejara en la designación de la prisión: que no fuera enviado a la ADX Florence en Colorado, donde El Chapo cumple cadena perpetua en estricto aislamiento.

El juez Cogan señaló en tres ocasiones durante la audiencia de 35 minutos que Zambada presenta problemas físicos y cognitivos, y citó información médica del memorándum de la defensa para indicar que el acusado se encuentra en algún punto entre mentalmente apto “y derivando hacia deterioro cognitivo”.

Cogan aceptó recomendar a la Oficina Federal de Prisiones una instalación con atención médica adecuada, aunque aclaró que la decisión final no recae en él. Hasta ahora no se ha dado a conocer en qué prisión pasará “El Mayo” Zambada el resto de sus días.