Con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas, combatir la impunidad y proteger el patrimonio público, el diputado Pedro Lobo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los titulares de ayuntamientos, organismos e instituciones cuyas cuentas públicas sean reprobadas por el Congreso del Estado sean suspendidos de su cargo hasta solventar las observaciones y resarcir el daño al erario.

El legislador explicó que la propuesta busca terminar con una práctica que permite a servidores públicos permanecer en funciones aun cuando el Poder Legislativo haya reprobado el manejo de los recursos públicos bajo su responsabilidad, mientras continúan los procedimientos administrativos correspondientes.

La iniciativa plantea reformar el párrafo 22 del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa para establecer que, una vez que el Congreso determine la reprobación de una cuenta pública, el titular del ente fiscalizado sea separado de manera inmediata del cargo y permanezca suspendido hasta acreditar el resarcimiento de las irregularidades detectadas.

Pedro Lobo recordó que actualmente la Auditoría Superior del Estado revisa las cuentas públicas de los entes fiscalizables y remite sus informes al Congreso, donde la Comisión de Fiscalización y el Pleno determinan su aprobación o reprobación. Sin embargo, señaló que la legislación vigente no contempla una medida cautelar que impida al funcionario continuar en el cargo mientras se solventan las observaciones.

Consideró que esa omisión ha permitido que, en administraciones anteriores, servidores públicos continúen ejerciendo sus funciones pese a existir observaciones graves sobre el manejo de recursos públicos, por lo que resulta necesario fortalecer el marco legal para garantizar una fiscalización efectiva y una administración responsable del dinero de las y los sinaloenses.

Con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario de Morena reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y los principios de la Cuarta Transformación, impulsando mecanismos legales que fortalezcan la confianza ciudadana y aseguren un ejercicio responsable del servicio público.