La FGR advirtió que llevará a juicio a funcionarios implicados en el caso ABC, tras fallo de la SCJN que declaró imprescriptibles los delitos de la tragedia infantil

La Fiscalía General de la República anunció que, ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia en la Nación que establece la no prescripción de los delitos en el caso de la Guardería ABC, el Ministerio Público de la Federación llevará hasta sus últimas consecuencias, el proceso penal en contra de los funcionarios de todos los niveles de gobierno, implicados en el que es considerado como la mayor tragedia infantil en la historia del país.

“La decisión adoptada por la SCJN implica la continuación del proceso penal, ligado con una indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en contra de los dos funcionarios del IMSS, quienes fueron llevados a proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en la modalidad de comisión por omisión, y refuerza la protección de garantizar el acceso a la justicia por parte de grupos de atención prioritaria, como lo son las niñas y los niños involucrados”, afirmó la Fiscalía General de la República en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

De acuerdo con abogados de los padres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC, los dos funcionarios del IMSS a los que hace referencia la FGR, son Antonio Salazar Salazar, quien era el jefe de prestaciones económicas y sociales  y Carla Rochin Nieto, coordinadora nacional.

Ambos fueron denunciados por el propio IMSS, bajo la dirección de Zoé Robledo, en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2020, por delitos de lesiones y homicidio culposo.

La FGR explicó que el juicio de amparo fue promovido bajo el argumento de que la acción penal había prescrito y que los delitos investigados debían sujetarse a las reglas generales de prescripción. Sin embargo, recordó que un juzgado federal negó la protección constitucional y posteriormente la SCJN confirmó ese criterio al concluir que los hechos investigados están asociados a violaciones graves de derechos humanos.

La FGR sostuvo que el fallo fortalece la protección del derecho de acceso a la justicia para grupos de atención prioritaria, particularmente niñas, niños y adolescentes.

Al determinar, que los delitos no prescriben por el paso del tiempo. Además, precisó que para este análisis no resulta jurídicamente relevante si las conductas investigadas fueron dolosas o culposas.

Actualmente, tres personas permanecen en prisión por su responsabilidad en el caso de la Guardería ABC: Nohemí López Sánchez, ex responsable del área de guarderías del IMSS en Sonora; Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la estancia infantil; y Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil Municipal de Hermosillo.

El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando el fuego se propagó desde una bodega contigua, de la Secretaría de Hacienda, hacia la estancia infantil subrogada por el IMSS.

En total, 25 niñas y 24 niños perecieron a causas del siniestro, y más de cien sobrevivieron con afectaciones en sus organismos, y a la fecha lidian con las secuelas de las quemaduras e inhalaciones de los gases tóxicos.