La Defensa “no tiene nada que opinar; es un tema que llevan la Fiscalía General de la República u otras autoridades en Estados Unidos”, apuntó en la mañanera.
De no proporcionar pruebas sobre los supuestos vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ex funcionarios del estado con la delincuencia organizada, el gobierno de México rechazará la solicitud de detención con fines de extradición presentada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A su vez, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseguró que la dependencia a su cargo no tiene ningún vínculo con Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ni sabe de su situación después de que se entregó a la justicia estadunidense.
La Defensa “no tiene nada que opinar; es un tema que llevan la Fiscalía General de la República u otras autoridades en Estados Unidos”, apuntó en la mañanera.
El general pasó a situación de retiro en 2022 y “de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Defensa”; sólo existe “en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, por temas relacionados con el pago de haberes y de servicio médico para él y su familia”, aclaró.
Consideró “una mala interpretación” de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, responsabilizar a la dependencia del nombramiento estatal, cuando son las entidades, como gobiernos autónomos, las que solicitan una recomendación. “O sea, piden la opinión de cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera”, y se les dio, dijo.
Antes, la Presidenta planteó que “si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse la solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la fiscalía”.
Mencionó que esto también ha ocurrido cuando las solicitudes son a la inversa. Puso de ejemplo el caso del “ex gobernador de Tamaulipas (Francisco Javier Cabeza de Vaca, de quien México); se ha solicitado la detención urgente con fines de extradición y el Departamento de Justicia ha dicho que ‘no hay suficientes pruebas’. Y como ése hay otros 10, 15 casos”, subrayó.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ratificó que ninguno de los señalados solicitó medidas de protección del gobierno federal, ni el gabinete se las ofreció. Rocha Moya cuenta con escoltas del gobierno sinaloense o de la fiscalía del estado, destacó.
Por otro lado, el titular de la Defensa precisó que se brinda atención a la diputada del PRI Paola Gárate Valenzuela, tras las amenazas que ha recibido. Incluso, agregó, se le sugirió que presentara una denuncia de hechos, lo que “todavía no sucede”.
