Mientras algunos personajes del rochismo parecen cargar hoy con la soledad de un poder que se desvanece, otros libran una batalla que trasciende nombres, cargos y coyunturas políticas. En medio de una discusión que marcará el futuro de la rendición de cuentas en Sinaloa, el licenciado José Luis Moreno López se ha convertido en una de las voces más visibles en la defensa de la autonomía institucional y del derecho ciudadano a saber.

Acompañado por los comisionados Liliana Margarita Campuzano Vega y José Alfredo Beltrán Estrada, el presidente de la CEAIPES encabeza una resistencia institucional que busca evitar la desaparición de uno de los pocos contrapesos ciudadanos que quedan frente al poder gubernamental.

Paradójicamente, la amenaza no proviene de un adversario político externo, sino de una iniciativa impulsada desde el propio Ejecutivo estatal antes de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia. Una reforma presentada bajo el argumento de armonizar la legislación local con las disposiciones federales, pero que, para numerosos activistas, organismos ciudadanos, académicos y especialistas representa algo muy distinto: la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.

No son pocos quienes han bautizado esta propuesta como la “Ley Rocha”. Otros, más severos, la llaman la “Ley Tapadera”. Más allá de los calificativos, el debate de fondo es profundamente serio: ¿debe el gobierno convertirse en juez y parte en materia de transparencia?

La pregunta no es menor. Si desaparece la CEAIPES y las funciones de acceso a la información quedan bajo estructuras dependientes del propio gobierno, ¿quién garantizará la imparcialidad cuando una dependencia pública quiera ocultar contratos, gastos, adjudicaciones, nóminas o decisiones administrativas? ¿Quién resolverá los recursos de revisión cuando el ciudadano solicite información incómoda para el poder?

La lógica democrática indica que quien genera la información no debería ser quien decida si la entrega o la niega.

Por eso resulta preocupante que, pese a los foros, posicionamientos y llamados de organizaciones como Iniciativa Sinaloa, colectivos anticorrupción y diversos sectores ciudadanos, la percepción generalizada sea que la decisión ya está tomada. Que el diálogo es una formalidad. Que las consultas son únicamente para cubrir el expediente. Que Morena y sus aliados tienen definida la ruta para extinguir el organismo sin importar los argumentos presentados por especialistas y ciudadanos.

Sería un grave error.

La desaparición de la CEAIPES no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de un contexto político donde la confianza ciudadana en las instituciones atraviesa uno de sus momentos más delicados. La inseguridad, la incertidumbre y el desgaste de la clase política exigen más vigilancia pública, no menos. Más transparencia, no menos. Más contrapesos, no menos.

Y es precisamente ahí donde la iniciativa enfrenta un problema de credibilidad política difícil de ignorar.

No hay que olvidar que una de las principales impulsoras de esta reforma fue la entonces secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda. La misma funcionaria que terminó dejando el cargo después de verse envuelta en una polémica por gastos en hoteles, viáticos y consumos que contrastaban con el discurso de austeridad promovido por el propio gobierno estatal.

Ese antecedente vuelve inevitable la pregunta: ¿cómo convencer a los ciudadanos de eliminar un organismo autónomo de vigilancia cuando quienes impulsaron la reforma terminaron cuestionados precisamente por temas relacionados con el uso de recursos públicos?

La coincidencia política resulta imposible de ignorar.

Mientras José Luis Moreno López y los comisionados de la CEAIPES intentan convencer al Congreso y a la sociedad de preservar la autonomía del organismo, una imagen captada el pasado domingo terminó convirtiéndose en una poderosa metáfora del momento político que vive el grupo que impulsó su desaparición.

Durante el evento de respaldo al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en la explanada de Palacio de Gobierno, apareció entre los asistentes José Enrique Rangel Ramos, considerado durante años uno de los hombres más cercanos a Rubén Rocha Moya. Su presencia llamó la atención por un detalle singular: portaba una cachucha con la leyenda “Rocha Moya”. Según las crónicas periodísticas, era la única visible entre cientos de asistentes.

La imagen tiene una carga simbólica que no pasa desapercibida.

Rangel Ramos no solo fue uno de los colaboradores más cercanos al gobernador con licencia, sino también esposo de María Guadalupe Ramírez Zepeda, una de las principales promotoras de la reforma que hoy amenaza la existencia de la CEAIPES. En una sola escena parecen cruzarse dos historias que hoy convergen en el debate público sinaloense: el desgaste del rochismo y la disputa por el futuro de la transparencia.

La imagen no es menor. En política, las fotografías suelen decir lo que los discursos callan.

Y aquella del domingo pareció retratar no solo lealtades personales, sino también la distancia creciente entre un grupo político y la centralidad del poder que alguna vez ocupó.

Quizá por eso este sea el momento adecuado para que el Congreso del Estado haga algo poco frecuente en la política mexicana: escuchar.
Escuchar a los ciudadanos.

Escuchar a los organismos especializados.

Escuchar a quienes han dedicado años a construir mecanismos de transparencia.

Escuchar incluso a quienes no simpatizan con la CEAIPES, pero entienden que la democracia necesita árbitros independientes.

Todavía hay tiempo para corregir el rumbo.

Todavía hay tiempo para desechar una iniciativa que nació envuelta en polémica, cuestionamientos y desconfianza.

Todavía hay tiempo para reconocer que la armonización legislativa no obliga necesariamente a desaparecer organismos que han servido como contrapeso ciudadano.

Todavía hay tiempo para fortalecer la transparencia en lugar de debilitarla.

Porque cuando el poder intenta vigilarse a sí mismo, la transparencia deja de ser un derecho ciudadano para convertirse en una concesión política.

Y esa es una concesión que ninguna democracia debería permitirse.