El exfuncionario cruzó la frontera y se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo, a pesar de la defensa que ha hecho el gobierno de México sobre el caso
NUEVA YORK.- Este lunes 1 de junio se llevará la audiencia inicial del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como secretario de Seguridad del estado de Sinaloa entre 2023 y 2024, durante el mandato del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
El exfuncionario cruzó la frontera y se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo, a pesar de la defensa que ha hecho el gobierno de México sobre el caso, en el que ha solicitado pruebas al vecino país del norte en contra de los 10 acusado por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En un juzgado de Nueva York, Mérida Sánchez se ha declarado no culpable de los cargos que lo vinculan de colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
¿De qué acusan a Gerardo Mérida?
Contexto: la justicia estadounidense lo acusa de recibir sobornos mensuales en efectivo de más de 100,000 dólares a cambio de no interferir en las operaciones de narcotráfico, alertar al cártel sobre posibles redadas u operativos, y evitar la captura de criminales de este grupo.
A pesar de su declaración de no culpabilidad, su entrega voluntaria abre la puerta a que pueda buscar un acuerdo de colaboración con la justicia de EU, lo que implicaría aportar información confidencial sobre sus años en Sinaloa y sobre sus anteriores responsabilidades estratégicas, tales como sus labores de inteligencia en el extinto Estado Mayor Presidencial, así como sus comandancias en Tamaulipas y Michoacán.
La defensa de la presidenta Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado las solicitudes de entrega contra Mérida Sánchez, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios como un “hecho sin precedentes”.
La mandataria ha elevado el tono de su discurso y ha planteado la posibilidad de que Estados Unidos busque utilizar estas acusaciones con el propósito de influir en las próximas elecciones mexicanas de 2027, donde se disputarán gubernaturas y cerca de 3,000 cargos locales y federales.
Además del general Mérida y el gobernador Rocha Moya, existen otros ocho acusados en este caso, destacando figuras de alto perfil político como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega.
