El legislador de Morena solicitó la separación de su cargo legislativo después de acudir a la fiscalía federal en Sinaloa; la investigación judicial contempla el análisis de presuntos vínculos institucionales con el narcotráfico

El senador Enrique Inzunza Cázarez se reincorporó al Senado una vez que concluyó la votación de las reformas en materia judicial y electoral. Su licencia duró menos de un día.

El legislador morenista solicitó ayer jueves una licencia temporal para separarse de su cargo en la Cámara Alta, una decisión que comunicó formalmente a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Este movimiento administrativo ocurrió tras varias semanas de ausencia presencial en las sesiones legislativas de la capital del país, por lo que su escaño parlamentario quedará a cargo de su suplente, Omar López Campos, quien asumirá las funciones de cara a las próximas asambleas extraordinarias.

Esta solicitud de baja se presentó apenas un día después de que el político sinaloense compareció ante las autoridades ministeriales en la ciudad de Culiacán.

Inzunza Cázarez acudió este martes 26 de mayo a la delegación de la Fiscalía General de la República a bordo de un vehículo particular y escotado por una camioneta de la Guardia Nacional, así como también, sin el acompañamiento de abogados, ya que el propio legislador declaró públicamente que asumiría su propia defensa legal ante las indagatorias en curso.

CASO ROCHA MOYA – COBERTURA COMPLETA

La presencia del senador en la fiscalía federal formó parte de una serie de testimonios programados durante esta semana, donde el Ministerio Público citó a declarar a varios servidores públicos de Sinaloa.

Este expediente penal derivó de un documento difundido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuya institución extranjera señala a diversos funcionarios mexicanos por cooperar presuntamente con redes delictivas dedicadas al narcotráfico.

Entre las personas requeridas por la autoridad federal figuró Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de la entidad sinaloense, quien asistió a la misma sede ministerial y confirmó su declaración mediante plataformas digitales.

A la dependencia también acudió Dámaso Castro Saavedra, quien posee licencia en el cargo de vicefiscal general del estado de Sinaloa, aunque evitó proporcionar detalles a la prensa sobre los datos contenidos en la carpeta de investigación.

Red criminal bajo indagatoria federal
La lista de los servidores públicos citados incluyó a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, así como a Marco Almanza Avilés, anterior director de la Policía de Investigación local.

Las autoridades ministeriales emitieron diez citatorios en total para el desarrollo de esta línea de investigación específica, motivada originalmente por las acusaciones formales que se presentaron en una corte del Distrito Sur de Nueva York.

El expediente judicial contempla cargos por conspiración para la distribución de narcóticos y posesión de armas de fuego automáticas, bajo la sospecha de que existía una red de protección institucional en beneficio de grupos delictivos.

Por esta misma causa penal, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, no acudió al llamado de la fiscalía mexicana debido a que permanece bajo detención de las autoridades en Estados Unidos.

El exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, tampoco se presentó a la delegación sinaloense por encontrarse detenido en la unión americana bajo condiciones similares.

Asimismo, las autoridades ministeriales reportaron la inasistencia de Jorge Alberto Contreras, conocido como El Cholo, de José Antonio Dionisio, apodado Tornado, y de Juan Valenzuela Millán, identificado como Juanito, quienes no acudieron a las instalaciones de la dependencia federal.

Semanas antes de iniciar este proceso, Inzunza Cázarez publicó diversos mensajes explicativos sobre su situación jurídica mediante sus redes, y el veintitrés de mayo confirmó la recepción de la notificación oficial de la FGR.

El senador rechazó las imputaciones en su contra, aclaró que su estancia ocurrió en Sinaloa y descartó cualquier tipo de vínculo con agencias del extranjero, a pesar de las notas aclaratorias que los usuarios de internet añadieron en sus publicaciones.

El legislador sinaloense difundió previamente un video el 2 de mayo desde el municipio de Badiraguato para explicar su ausencia, donde atribuyó los señalamientos penales a una reacción por sus posturas en la tribuna del Senado.

Finalmente, el político notificó que vigilará el trabajo legislativo de forma remota durante su licencia y enviará argumentos técnicos a su bancada, mientras la Cámara Alta da el trámite formal a su separación del cargo.