Hay momentos en la historia en que los imperios dejan de hablar en voz alta y comienzan a susurrar. Ya no necesitan desembarcar marines en las playas ni incendiar palacios presidenciales; basta con una delegación financiera, una “ayuda humanitaria”, una crisis sanitaria global o un tratado firmado bajo presión. El viejo garrote ahora viaja vestido de diplomacia, de cooperación técnica y de seguridad hemisférica.

Y en medio de todo aparece México.

México es la frontera física y simbólica del proyecto estadounidense sobre América Latina. El llamado “capítulo Sinaloa” no puede entenderse únicamente como una preocupación legítima por el narcotráfico. Sería ingenuo verlo así. La seguridad ha sido históricamente el argumento perfecto para justificar penetraciones políticas, tecnológicas, militares y económicas.

Cada dron de vigilancia, cada agencia extranjera operando en territorio nacional, cada acuerdo de inteligencia firmado bajo presión, abre una grieta en la soberanía.

Sinaloa representa mucho más que un conflicto criminal: es un territorio estratégico atravesado por rutas comerciales, puertos, agricultura, recursos naturales y control logístico del Pacífico. En la narrativa estadounidense, el combate al narco funciona como un caballo de Troya moral. Nadie puede oponerse públicamente a combatir el crimen; sin embargo, detrás de ese discurso puede instalarse una arquitectura permanente de influencia extranjera.

Y es ahí donde el caso de Rubén Rocha Moya adquiere una dimensión mucho más profunda que la simple discusión judicial. Las acusaciones presentadas por Estados Unidos contra el exgobernador sinaloense y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa, así como la entrega voluntaria en territorio estadounidense de dos de sus excolaboradores más cercanos, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, han sido presentadas como parte de una gran cruzada contra la corrupción y el narcotráfico.

Pero el fondo del asunto rebasa por mucho el expediente penal.

Porque cuando Washington decide señalar, acusar y presionar políticamente a estructuras enteras de poder regional mexicano, no solo está persiguiendo criminales: también está enviando un mensaje geopolítico. Estados Unidos se coloca simultáneamente como fiscal, juez y fuerza moral sobre asuntos internos de otro país. La pregunta no es únicamente si existen vínculos criminales —algo que deberá probarse—, sino por qué el poder estadounidense se arroga el derecho de intervenir cada vez más profundamente en la vida política mexicana.

La historia enseña que el imperialismo moderno rara vez entra diciendo que viene por el petróleo, los puertos, las rutas comerciales o la influencia estratégica. Siempre entra hablando de seguridad, democracia, derechos humanos o combate al crimen organizado.

Y México, por su posición geográfica, económica y energética, es demasiado importante para quedar fuera de esa lógica.

Lo ocurrido estos días en América Latina parece una postal contemporánea de la vieja Doctrina Monroe: “América para los americanos”, frase que en realidad siempre quiso decir “América para los intereses de Estados Unidos”.

La reunión de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con una delegación del Banco Mundial no es un hecho aislado. Después de años de sanciones, bloqueos y asfixia económica, Caracas abre una rendija al sistema financiero internacional precisamente cuando Washington vuelve a mover sus piezas sobre el tablero energético continental. El encuentro fue presentado como un acercamiento “técnico” para explorar áreas de cooperación.

Pero en América Latina la palabra “cooperación” carga demasiados fantasmas.

El Banco Mundial y el FMI han sido, durante décadas, instrumentos de disciplinamiento económico: préstamos a cambio de reformas, apertura de mercados, privatizaciones y subordinación política. No es casualidad que el acercamiento ocurra mientras Venezuela atraviesa una reconfiguración forzada de poder tras la presión estadounidense y el reacomodo geopolítico regional. Tampoco es casual que resurjan discursos en Washington sobre convertir a Venezuela en una especie de “Estado 51” simbólico bajo tutela energética norteamericana.

En Cuba el símbolo es todavía más brutal.

La isla, históricamente asediada por el embargo estadounidense, aceptó una oferta de ayuda económica de cien millones de dólares proveniente de Estados Unidos en medio de apagones, hambre y colapso energético. La escena tiene algo de tragedia griega: el mismo poder que aprieta el cuello ofrece después un vaso de agua. Y mientras la ayuda se anuncia, también aparecen condiciones, reformas y operaciones políticas que recuerdan los viejos manuales de intervención hemisférica.

La lógica imperial rara vez entra derribando puertas; primero entra ofreciendo oxígeno.
La historia latinoamericana conoce demasiado bien ese mecanismo. Guatemala en 1954.

Chile en 1973. Nicaragua en los ochenta. Panamá en 1989. Siempre la misma narrativa: restaurar el orden, proteger la democracia, combatir una amenaza. Antes fue el comunismo; hoy puede ser el narcotráfico, la migración, el terrorismo o incluso una crisis epidemiológica.
En ese contexto aparece Javier Milei, convertido en el experimento más radical de alineamiento automático con Washington. Su intención de apartarse de la Organización Mundial de la Salud mientras el mundo enfrenta nuevos temores por brotes de hantavirus ha despertado fuertes críticas.

No se trata únicamente de una discusión sanitaria.

La salud pública global implica coordinación internacional, intercambio científico y soberanía compartida frente a amenazas comunes. Romper con esos mecanismos, mientras se estrechan los vínculos ideológicos con Donald Trump, refleja una visión donde la política exterior deja de responder a los intereses nacionales y pasa a integrarse a un proyecto geopolítico continental encabezado desde Washington.

El problema es que América Latina siempre paga caro cuando sus gobiernos dejan de actuar como Estados y comienzan a comportarse como administraciones subordinadas.

La Doctrina Monroe nunca murió. Solo aprendió a hablar el lenguaje del siglo XXI.

Ahora se presenta como cooperación económica, asistencia humanitaria, seguridad compartida o combate sanitario global. Pero el fondo permanece: garantizar áreas de influencia, controlar recursos estratégicos y evitar que América Latina escape de la órbita de Washington.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió alguna vez que “la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder”. La frase sigue respirando sobre el continente como una sentencia amarga.

Porque mientras América Latina continúa fragmentada, endeudada y vulnerable, las grandes potencias no necesitan conquistar territorios: les basta con administrar crisis.

Y quizá esa sea la forma más sofisticada del imperialismo moderno: hacer que los pueblos entreguen su soberanía creyendo que están siendo rescatados.