• Casi el 15 por ciento de los feminicidios del país se cometen en Sinaloa

• Exige la comparecencia del secretario de seguridad pública, la fiscal sinaloense y la secretaria de las mujeres

Culiacán, Sin.- En los primeros tres meses del presente año han sido asesinadas en Sinaloa 20 mujeres, 15 de ellas tipificadas como feminicidios lo que representa un incremento del 240 por ciento en relación al mismo periodo de los dos años anteriores y coloca a nuestro estado en una de las peores crisis de violencia feminicida, aseguró la diputada Paola Gárate.

En su posicionamiento ante el pleno del congreso del estado Paola Gárate detalló que tan sólo en enero de 2026 Sinaloa concentró ocho de los 54 feminicidios reportados a nivel nacional, equivalentes al 14.8 por ciento del total, posicionándose como el estado con mayor incidencia del país, información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Agregó que seis de esos feminicidios ocurrieron en el municipio de Culiacán y explicó que este incremento se da sobre la incidencia de 2025, donde Sinaloa registró la tasa más alta en feminicidios, con 4.44 feminicidios por cada cien mil mujeres incluso por encima de los estados de Morelos y Chihuahua.

La diputada señaló que el 79 por ciento de los 73 feminicidios analizados en 2025 fueron cometidos con arma de fuego, lo que evidencia que la violencia contra las mujeres en Sinaloa se cruza con otras violencias y se agrava por la impunidad.

En tribuna, cuestionó directamente a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ana Chiquete, por la falta de indicadores públicos sobre la Alerta de Violencia de Género, dos meses después de que se le exigieron en comparecencia ante el Congreso.
“Las mujeres que hoy son cifra, antes fueron denuncia. Y nadie las escuchó”, afirmó la legisladora.

Gárate Valenzuela demandó la comparecencia ante el Congreso del Secretario de Seguridad Pública, la Secretaria de las Mujeres y la Fiscal General del Estado para que expliquen las acciones que están implementando, las medidas de protección emitidas, los tiempos de respuesta institucional y los casos con antecedentes de denuncia previa.

Asimismo, presentó como propuesta concreta la integración de una célula de atención inmediata para prevención del feminicidio, conformada por policías de género, ministerio público, paramédicos, psicólogas, abogadas e institutos de la mujer, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada en un máximo de veinte minutos.

La legisladora también exigió que el Estado garantice líneas de emergencia funcionales las 24 horas, refugios seguros, atención psicológica, acompañamiento jurídico gratuito y seguimiento a víctimas.