El ex funcionario afirmó que existe una consigna para impedir su liberación.

La situación jurídica del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se define este martes ante un juez federal que determinará si lo vincula o no a proceso por el presunto desvío de cinco millones de pesos.

Esta acusación amenaza con prolongar su permanencia en prisión a semanas de cumplir su sentencia de nueve años.

El ex funcionario asegura que no desvió recursos
La imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el ex mandatario firmó un decreto que permitió la utilización de recursos que originalmente estaban destinados a sectores vulnerables, entre ellos niños y adultos mayores.

Según la fiscalía, el dinero fue transferido por la Tesorería de la Federación (Tesofe) al gobierno de Veracruz y posteriormente redirigido a otros fines, entre ellos el pago de nómina y compromisos financieros del estado.

En punto de las 10:00 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, el juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, resolverá si los datos de prueba presentados por la FGR son suficientes para vincular a proceso al ex funcionario, o decreta que no hay delito que perseguir.

En la audiencia del pasado jueves, Javier Duarte aseguró que él no desvió los recursos.

“Yo no fui secretario de finanzas y planeación, fui gobernador… Su señoría, no entiendo”, dijo al responder a la imputación que lo coloca como presunto coautor del delito de peculado.

El ex funcionario insistió en que los recursos no eran federales, sino estatales, y defendió las decisiones adoptadas durante su administración.

“Instruí al secretario de finanzas priorizar los recursos de libre aplicación… No existe ni siquiera un indicio en el desvío de recursos federales”, afirmó ante el juzgador.

La fiscalía presentó 38 datos de prueba, entre ellos, la declaración del ex tesorero estatal Antonio Tarek Abdalá, quien aseguró que los recursos eran mezclados y utilizados para cubrir diversos compromisos financieros.

Según el testigo, en reuniones de funcionarios se utilizaba la frase: “Barriendo las cuentas, ¿cuánto hace falta para pagar recursos”.

Sin embargo, el ex gobernador descalificó los señalamientos y acusó que existe una consigna para impedir su liberación.

“La instrucción es que Javier Duarte no salga… ‘Póngale, fabríquenle, háganle, pero no puede salir ese señor de la cárcel’”, expresó ante el juez.

Incluso, afirmó que las acusaciones carecen de lógica jurídica.

“Me están diciendo una bola de sandeces que pacientemente escuché… la fiscalía está describiendo un homicidio, pero no aporta los elementos del asesino con el asesinato,” sostuvo.

La defensa también intentó frenar el procedimiento con el argumento de que la extradición concedida por tribunales de Guatemala no contemplaba este nuevo delito, pero el juez consideró que existían elementos suficientes para continuar el proceso.

El juzgador recordó que sus decisiones se basan exclusivamente en la ley.

“Los tintes políticos se escapan a mi función… los juzgadores nunca hemos sido políticos”, puntualizó.