En el marco de las comparecencias por el análisis del Cuarto Informe de Gobierno, la diputada Paola Gárate intervino ante las dependencias de Bienestar y de Transparencia, con posicionamientos, preguntas y réplicas centradas en un mismo reclamo: cuando el dinero público se administra con opacidad, el agravio lo pagan las familias y la confianza se rompe.

Ante el titular de la Secretaría de Bienestar, la legisladora señaló que el debate no era un trámite, sino la dignidad de familias desplazadas por la violencia. Subrayó los señalamientos derivados de una investigación del medio digital ESPEJO sobre la compra de despensas presuntamente por encima del precio de mercado: 320 pesos por paquete, contra un valor al menudeo aproximado de 240 pesos. Aun considerando logística y distribución, advirtió que la brecha implicaría un posible sobrecosto de 80 pesos por unidad y un excedente estimado de más de tres millones de pesos.

Gárate llamó la atención sobre la adjudicación a Berries Company S. de R.L. de C.V. y la concentración de contratos acumulados por más de 300 millones de pesos con instancias como el DIF estatal, el DIF Culiacán y la propia SEBIDES. Recalcó que, en un gobierno responsable, esa concentración obligaba a controles reforzados y trazabilidad total. Retomó además testimonios de representantes y personas desplazadas que reclamaron que el recurso se orientara a soluciones de fondo —vivienda y servicios básicos— y no solo a apoyos temporales.

En sus preguntas, pidió el sustento verificable del precio, los componentes que justificaran el diferencial, controles para evitar concentración de proveedores y un plan con plazos para transitar de la “despensa” a una política integral con participación directa de las familias. En réplica, cuestionó que, tras cuatro años, el gobierno siguiera sin una política integral y sin concluir instrumentos anunciados como clave, además de reiterar propuestas de empleo temporal y apoyo en servicios básicos para quienes perdieron ingresos por la inseguridad.

En la comparecencia de Transparencia, la diputada sostuvo que la transparencia “no es un eslogan”, sino el sistema que permite seguir el rastro del dinero, obra por obra. Citó el Índice de Transparencia en Obra Pública (ITOP) 2024-2025, de Iniciativa Sinaloa A.C., que revisó 1,100 obras por 7,056 millones de pesos y reportó un cumplimiento promedio de 49.58% en licitación pública y 39.3% en adjudicación directa.

Señaló hallazgos como obras sin contrato visible, ausencia de información sobre ejecutores, patrones de “competencia en colmena”, el predominio de adjudicación directa como práctica recurrente, y una concentración atípica del gasto en 14 empresas y 11 grupos empresariales.

En su réplica, exigió respuesta institucional ante señalamientos de posible conflicto de interés vinculados a un alto mando de Obras Públicas y empresas proveedoras, recordando la prohibición prevista en el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas de Sinaloa. Cerró demandando medidas inmediatas: publicar lo obligatorio en Compranet, sancionar omisiones, prevenir simulaciones y cortar de raíz cualquier conflicto de interés.