Ante el proceso de extinción de la Comisión, los derechos prevalecerán y las personas los podrán seguir ejerciendo siendo las instituciones quienes deberán de garantizarlos.

Durante el 2025 se presentaron más recursos de revisión, es decir, que más personas estuvieron inconformes con las respuestas recibidas por parte de las instituciones públicas que por ley, son sujetos obligados a cumplirla.

Se tuvo un incremento del 5.36% por ciento en los recursos de revisión promovidos por quienes solicitaron información, ya fuera porque les fue entregada incompleta de manera parcial, total o incluso por la falta de respuesta; en comparación al 4.73% por ciento del año 2024, dio a conocer la Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), Liliana Margarita Campuzano Vega.

Durante la primera sesión de Pleno del 2026, la Comisionada Presidenta explicó que el año pasado se registraron 13 mil 090 solicitudes de información, 2 mil 405 menos que 2024; sin embargo, a pesar de que hubo una baja en la presentación de solicitudes de información, hay una mayor inconformidad en las personas, al tener una cantidad mayor de recursos de revisión.

Añadió que, a la fecha, de los recursos de revisión resueltos, el 70% por ciento fueron a favor de las personas solicitantes, aclarando que no es una cifra definitiva, en virtud de que aún están en proceso de resolver los asuntos promovidos en diciembre del 2025; teniendo como referente que en el 2024 se tuvo una cifra histórica del 94% por ciento de resoluciones a favor de las personas recurrentes.

Adelantó que, en las resoluciones de los recursos de revisión emitidas, los sentidos modificatorios se redujeron en 29, los revocatorios en 66, los desechamientos en 7 y los sobreseimientos en 18, lo que se traduce en que las instituciones públicas mejoraron la forma en que dieron respuesta a las personas interesadas.

Expuso que, en contraparte, se elevó la cantidad de solicitudes que no tuvieron respuesta, por lo que el Pleno de CEAIP ordenó en 79 casos que fueran atendidas una a una; en comparación a los 26 que se registraron en el 2024, es decir, en el 2025 se triplicaron los casos en que las instituciones públicas omitieron atender solicitudes de información, expuso Liliana Campuzano.

Aclaró que, ante el proceso de extinción de la Comisión, los derechos prevalecerán y las personas los podrán seguir ejerciendo siendo las instituciones quienes deberán de garantizarlos.

El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada mencionó que es muy difícil metodológicamente identificar por qué el alza o baja de solicitudes de información, pero consideró que puede influir el anuncio de la extinción del organismo garante.

Recordó que las facultades de la Comisión siguen vigentes mientras no concluya el proceso legislativo que marque su extinción por lo que no debe haber laxitud en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, atención de las solicitudes de información y entrega de los informes de ley cuando se presenta un recurso de revisión.

José Alfredo Beltrán subrayó que aun cuando se publique la reforma constitucional en la materia, se tendrá a partir de la entrada en vigor del decreto hasta 120 días naturales para la aprobación por parte del Legislativo de las nuevas leyes de acceso a la información y de protección de datos personales.