El gobierno federal acordó recibir este 18 de diciembre a un equipo técnico del FNRCM para discutir propuestas de pignoración de maíz, frijol, sorgo, trigo, cebada y soya, así como incluir a los productores en el Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz.

El Gobierno de México informó la madrugada de este jueves que alcanzó una serie de acuerdos con representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de los transportistas, tras las mesas de trabajo realizadas el miércoles, con el objetivo de atender las demandas del campo y reforzar la seguridad en carreteras federales y estatales, en un contexto de tensión ante la posibilidad de reactivación de los bloqueos en puentes fronterizos, autopistas y tomas de casetas.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural señalaron que se acordó reforzar la presencia operativa, brindar acompañamiento en tramos de mayor riesgo y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas, con el fin de proteger a transportistas, productores y a la ciudadanía en general, “garantizando en todo momento el libre tránsito y la continuidad de las actividades productivas”.

Los transportistas reconocieron avances, pero señalaron que se encuentran “en alerta” en caso de que el gobierno no cumpla con los acuerdos, y adelantaron que en las próximas dos semanas sostendrán otra reunión, en la que participará la Fiscalía General de la República (FGR).

Las mesas de trabajo del miércoles se realizaron con la participación de Gobernación, Agricultura, Economía, Hacienda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

De acuerdo con el gobierno federal, las dependencias coincidieron en que “son fundamentales el diálogo permanente y la coordinación entre instituciones para garantizar la gobernabilidad, el bienestar del campo mexicano, el libre tránsito y la seguridad de quienes transitan por las vías de comunicación”.

La reunión con el FNRCM fue presidida por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera. Como resultado, se definieron acciones para fortalecer al sector agroalimentario, entre ellas que Agricultura y Alimentación para el Bienestar recibirán este jueves 18 de diciembre a un equipo técnico del FNRCM para discutir propuestas de pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya.

También se acordó la inclusión de productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, así como el establecimiento de una ruta institucional para analizar los temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conforme a sus mecanismos formales y bajo la conducción de la Secretaría de Economía. A ello se suma la atención prioritaria a los centros de acopio y al abasto alimentario, responsabilidad de Alimentación para el Bienestar.

En días pasados, organizaciones campesinas y de transportistas advirtieron que podrían reactivar los bloqueos en 17 puntos carreteros, la toma de casetas e incluso de aduanas y puentes internacionales, si no se alcanzaban acuerdos sobre un nuevo modelo agroalimentario nacional. El FNRCM y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) habían informado que algunos grupos ya se encontraban movilizados en carreteras, a la espera de definiciones.

Las organizaciones campesinas demandan, entre otros puntos, la protección de la producción agrícola nacional mediante precios de garantía fijados de manera anticipada, como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM, señaló que el modelo agroalimentario que impulsan incluye precios para todos los productos del campo, al advertir que actualmente se comercializan por debajo de los costos de producción.

Entre las exigencias del sector se encuentran el retiro del mercado de un millón de toneladas de sorgo para estabilizar precios; el acopio de un millón de toneladas de trigo a 6 mil 500 pesos por tonelada, y un esquema para 17 millones de toneladas de maíz con un precio objetivo de 7 mil 200 pesos por tonelada, con el fin de liberar el mercado y mejorar los ingresos de los productores.

Por su parte, los transportistas plantearon la necesidad de crear paraderos seguros, la emisión de un documento que prohíba retenes estatales y municipales en carreteras federales, y establecer una oficina especializada de la Fiscalía General de la República para atender delitos contra el transporte de carga, particularmente el robo.