La nueva fecha para la audiencia intermedia quedó fijada para el 24 de febrero de 2026
Hermosillo.- El proceso penal contra Julio César Chávez Jr. dio un nuevo giro este 10 de diciembre luego de que un juez federal autorizara ampliar el plazo de investigación tanto para la Fiscalía General de la República (FGR) como para la defensa del boxeador.
La audiencia, de carácter técnico y con duración aproximada de diez minutos, se celebró en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo.
El juez de Distrito Édgar Alejandro Domínguez Villapudua avaló otorgar tres meses adicionales para el cierre de la investigación complementaria en el expediente 15/2023, donde figuran 14 imputados, incluido el hijo del legendario campeón Julio César Chávez.
La nueva fecha para la audiencia intermedia quedó fijada para el 24 de febrero de 2026.
Chávez Jr., vestido completamente de negro y presente en la sala, escuchó cómo el Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de investigación de tres a seis meses, argumentando diligencias pendientes, entre ellas requerimientos a autoridades de Estados Unidos.
La defensa respaldó la petición, señalando que necesitan más tiempo para analizar dictámenes periciales y verificar la autenticidad de audios obtenidos mediante intervenciones telefónicas.
La autoridad judicial concedió finalmente tres meses adicionales, manteniendo al pugilista bajo libertad condicional, con restricciones previamente impuestas: prohibición de salir del país y de acercarse a los agentes ministeriales que participaron en las indagatorias.
Antecedentes internacionales
El avance del proceso ocurre tras una serie de episodios que comenzaron con la detención de Chávez Jr. en Estados Unidos.
El 2 de julio de 2025, el boxeador fue arrestado por autoridades migratorias estadounidenses (ICE) después de su pelea frente a Jake Paul en California.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo catalogó como inmigrante ilegal y un riesgo para la seguridad, al detectarse irregularidades en su solicitud de residencia permanente.
Tras permanecer 46 días bajo custodia, fue deportado por la garita Dennis DeConcini en Nogales la noche del 18 de agosto de 2025 y trasladado al Cefereso 11 de Hermosillo, un penal de máxima seguridad.
Un día después se presentó ante un juez para su audiencia inicial, donde su defensa solicitó duplicidad del término constitucional para preparar datos de descargo.
Vinculación a proceso
El 23 de agosto, el juez Enrique Hernández Miranda determinó vincular a proceso a Chávez Jr. por presuntos vínculos con la facción de “La Chapiza” del Cártel de Sinaloa, encabezada por Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”.
La FGR expuso 21 datos de prueba para sustentar la imputación: Intervenciones telefónicas desde 2019; conversaciones en 2022 donde se le menciona como “camarada” de “El Nini”; notas periodísticas y publicaciones en redes analizadas en 2025; informes del HSI y de la DEA sobre posible tráfico de armas; el hallazgo de una bata de boxeo autografiada en una propiedad cateada de “El Nini”, entre otras.
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La defensa, encabezada por Rubén Fernando Benítez Álvarez del Castillo, desestimó varios de los elementos al considerarlos de bajo rigor o sin valor probatorio directo, argumentando que la narrativa fiscal se basa en “rumores” y referencias sin contexto verificable.
Durante su intervención, Chávez Jr. rechazó los señalamientos y aseguró que no existe prueba alguna que lo vincule con actividades criminales:
“Que investiguen lo que tengan que investigar, no van a encontrar nada”.
Lo que sigue
Con la ampliación del plazo de investigación, ambas partes contarán con margen para fortalecer sus posiciones de cara al cierre de la etapa complementaria.
El pugilista seguirá el proceso en libertad condicionada y, según su equipo, mantiene en pie su regreso al ring el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, donde peleará contra Ángel Julián.
El caso se desarrolla en medio de la extensa investigación federal contra la estructura criminal liderada por “El Nini”, considerada brazo operativo de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La clave en los próximos meses será determinar si los indicios indirectos y testimonios recopilados por la Fiscalía General de la República pueden consolidarse como pruebas suficientes para sostener una acusación formal en la siguiente etapa procesal.
