La presidenta respalda las decisiones de la Suprema Corte sobre las deudas del empresario. “Los programas de bienestar para Michoacán son unos 30.000 millones″, compara con el monto a pagar, de cerca de 50.000 millones

El Gobierno de Claudia Sheinbaum se apuntó este jueves una victoria histórica en los tribunales. La Suprema Corte dio carpertazo a siete de los nueve procesos que el empresario Ricardo Salinas Pliego tenía abiertos contra el servicio tributario (SAT) en el Alto Tribunal y todos resultaron favorables a la dependencia pública. Aunque el monto preciso está todavía por definir, el magnate mexicano se jugaba inicialmente casi 36.000 millones de pesos que han aumentado por los retrasos en el pago hasta acercarse a los 50.000 millones. “Todos los programas de bienestar para Michoacán son alrededor de 30.000, son montos muy significativos“, ha comparado la mandataria este viernes en su conferencia matutina, preguntada por una reportera que pedía alguna equivalencia para poner perspectiva.

La mandataria ha respaldado las decisiones de la Corte, que se ha limitado a desestimar los recursos de revisión del Grupo Salinas o a aceptar las impugnaciones contra ellos de Hacienda. Es decir, no ha entrado a resolver el fondo de los asuntos sino que ha convalidado la actuación de la instancia anterior, que en todos los casos arrojó sentencias contrarias a los intereses del empresario. “No es extraño que resolvieran de la forma en la que lo hicieron porque ya había pasado por distintas instancias, instancias algunas de antes de 2018. Es justicia, así de sencillo”, ha dicho la presidenta, que ha rechazado de plano las acusaciones del empresario sobre una Corte “espuria y politizada”. “Es una resolución que tiene que ver con nuestro sistema de justicia, no es por consignas”, ha respondido.

Los créditos fiscales que este jueves quedaron firmes corresponden a ejercicios de entre 2008 y 2013. El empresario tuvo primero que impugnarlo ante la autoridad fiscal, ha enumerado Sheinbaum, más tarde ante el Tribunal de Justicia Administrativa y finalmente ante los tribunales colegiados antes de llegar a la Suprema Corte, que los desestimó por no tener un interés constitucional o plantear cuestiones novedosas sobre las que no hubiera ya precedente. En todas las instancias perdió Salinas Pliego, que ya ha agotado las vías nacionales para imponerse a la versión del fisco.

Ha sido un proceso de muchos años que ha culminado esta semana gracias al acelerón que ha pegado la nueva Suprema Corte, salida de las urnas, para resolver un puñado de casos de vital importancia para el Gobierno, tanto en el plano práctico como en el simbólico, que estaban metidos “dentro de un cajón”, en palabras de la presidenta. “Llegaron en su momento a la Corte y la Corte los dejó congelados, no quería decidir. No es ni siquiera que hubiera decidido en contra o a favor. Llegan, los admite y después los congela”, se ha quejado.

La propia ministra Lenia Batres ensalzó el día anterior la diferencia entre el Tribunal Constitucional actual, elegido por voto popular, y el previo. “Este tipo de resoluciones son posibles ahora. Antes, sin justificación jurídica, se llegaba a condonar o deducirse o a eximirse a más de una física o moral, como si los ministros fuéramos autoridad tributaria. Y no lo somos”, escribió.

Las dudas, sin embargo, persisten entre ciertos sectores cada vez que se emite una resolución favorable a los intereses del Ejecutivo, pues los nuevos juzgadores salieron de los acordeones distribuidos por el partido en el poder, Morena. En este caso, el asunto era de gran relevancia. La presidenta necesita aumentar la recaudación para sostener sus programas sociales sin recurrir a una reforma fiscal. Para sortearla, está cerrando los agujeros por los que se escapa el dinero que debería estar entrando en las arcas públicas. Hay dos billones de pesos atorados en los tribunales por créditos fiscales impugnados. Salinas Pliego es la punta del iceberg.