Esta es la tercera y última entrega de la serie “Generación AFORE”, un análisis en tres partes sobre el fracaso del sistema de pensiones en México y quiénes se beneficiaron realmente de este modelo.
En las dos entregas anteriores de esta serie documentamos el fracaso del sistema de AFORES para los trabajadores y el negocio multimillonario que representa para el sector financiero. Queda pendiente la pregunta más incómoda del debate nacional: si hay dinero para comisiones millonarias, rendimientos de cientos de miles de millones y billones invertidos en el sector productivo, ¿por qué las pensiones se presentan como un problema de “insostenibilidad fiscal”? La respuesta no está en las pensiones. Está en el dinero que sí se pierde, en las cantidades que sí desaparecen, y en los boquetes que convenientemente nadie quiere tapar mientras se debate sobre recortar derechos sociales y laborales.
Hablemos de números concretos. El huachicol fiscal representa un boquete de más de 9 mil millones de dólares anuales a las finanzas mexicanas. Entre 2018 y 2024, el gobierno federal dejó de recaudar 809,324 millones de pesos, más de 41 mil millones de dólares, por este concepto. Estimaciones conservadoras sitúan el costo anual en 200 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva: estas cifras se acercan peligrosamente al monto que el Estado destina anualmente a complementar las pensiones insuficientes que genera el sistema de AFORES.
La pregunta es simple y brutal: ¿por qué el debate nacional se centra obsesivamente en la “insostenibilidad” de las pensiones mientras se toleran pérdidas de esta magnitud en evasión fiscal? ¿Por qué se considera políticamente viable discutir recortes a los retiros de los trabajadores, pero no se considera prioritario cerrar el boquete masivo de la evasión de impuestos? La respuesta no es técnica ni económica. Es política. Combatir la evasión fiscal requiere enfrentar intereses poderosos. Recortar pensiones solo requiere convencer a la población de que los trabajadores piden demasiado.
El huachicol fiscal no es un problema menor ni aislado. Está directamente vinculado con estructuras de crimen organizado y lavado de dinero. El volumen de recursos que se evaden en este sector alimenta redes criminales, corrompe instituciones y genera violencia. Pero además, representa una transferencia masiva de recursos públicos hacia la ilegalidad. Cada peso que se evade en impuestos es un peso que no llega a educación, salud, infraestructura o pensiones. Es dinero que literalmente desaparece del erario mientras el Estado busca desesperadamente recortar gasto social para “cuadrar” las cuentas.
La falsa dicotomía se construye deliberadamente. Se presenta a las pensiones como una carga insostenible que amenaza las finanzas públicas, mientras se normalizan pérdidas monumentales por corrupción y evasión como si fueran inevitables o secundarias. Esta narrativa tiene un propósito: desviar la atención del verdadero problema fiscal hacia los derechos sociales, construyendo un discurso donde los trabajadores que exigen retiros dignos son presentados como irresponsables o ingenuos que no entienden la realidad económica del país.
Pero la realidad económica del país no es que falte dinero para pensiones dignas. La realidad es que México tolera boquetes fiscales masivos mientras considera inaceptable garantizar seguridad social. La realidad es que se pueden encontrar miles de millones para rescates bancarios, subsidios a grandes empresas, o condonaciones fiscales, pero las pensiones se presentan como un lujo insostenible. La realidad es que un país con los recursos de México —con los rendimientos documentados del ahorro de los trabajadores, con el potencial recaudatorio que se pierde en evasión— podría perfectamente financiar un sistema de pensiones digno si existiera voluntad política para hacerlo.
El caso de las universidades públicas ilustra la misma lógica perversa. El pasivo actuarial por pensiones y jubilaciones en las Universidades Públicas Estatales alcanzaba 1.2 billones de pesos en 2017. Esta cifra se presenta constantemente como evidencia de la “insostenibilidad” de los sistemas de pensiones y como justificación para reformas que invariablemente implican recortes. Pero esa cifra es un pasivo a largo plazo, una obligación que se pagará durante décadas, no un gasto corriente que debe cubrirse este año. Presentarla como un problema de flujo de caja inmediato es deliberadamente engañoso.
Más importante aún: el problema de las universidades no son las pensiones. Es la falta de financiamiento adecuado y la ausencia de un modelo que les permita generar ingresos propios de manera efectiva. Las universidades públicas son centros de conocimiento, investigación, e innovación. Con el modelo de financiamiento correcto, deberían ser motores de productividad que generen valor económico, no solo para justificar sus presupuestos sino para contribuir activamente al desarrollo del país. Un país con universidades productivas, que generan investigación aplicada y desarrollo tecnológico, es un país más capaz de financiar sus obligaciones sociales, incluyendo las pensiones.
Pero resolver el problema universitario requeriría inversión, diseño de políticas públicas complejas, y voluntad para transformar estructuras. Es más simple políticamente presentar las pensiones como el culpable y exigir reformas que básicamente significan recortes. La misma lógica se aplica al debate nacional sobre pensiones: es más fácil culpar a los trabajadores por “pedir demasiado” que enfrentar la corrupción estructural que sangra las finanzas públicas.
Aquí está el argumento central que debe entenderse claramente: las pensiones no son un gasto, son una inversión social fundamental. Un sistema de pensiones robusto inyecta poder adquisitivo a millones de adultos mayores, lo que se traduce directamente en consumo, estabilidad económica, y dinamismo en los mercados internos. No es una carga que se debe minimizar; es un componente esencial de una economía funcional. Los países con mejores sistemas de pensiones no son más pobres por ello; son más estables, más productivos y más prósperos precisamente porque garantizan seguridad a sus poblaciones.
Un retiro digno permite la rotación generacional en el mercado laboral. Cuando los trabajadores mayores pueden retirarse con seguridad económica, abren oportunidades para las generaciones más jóvenes. Mantienen una fuerza laboral dinámica y flexible. Aumentan la productividad general porque las personas pueden salir del mercado cuando ya no están en condiciones óptimas de trabajar, en lugar de aferrarse a empleos por desesperación económica. Un sistema de pensiones digno no es caridad; es política económica inteligente.
La seguridad social, incluyendo las pensiones, no es una dádiva del Estado. Es un derecho constitucional, un componente fundamental del pacto social, y la base del estado de bienestar. Presentarla como un privilegio que debe ganarse con décadas de cotizaciones perfectas en un mercado laboral precario, o como una carga que amenaza las finanzas públicas, es invertir completamente la relación entre el Estado y los ciudadanos. El Estado existe, entre otras cosas, para garantizar seguridad social. Cuando falla en eso, no está siendo fiscalmente responsable; está incumpliendo su función básica.
El contraste es obsceno y debe nombrarse sin eufemismos: México tolera pérdidas anuales de más de 9 mil millones de dólares en huachicol fiscal, acepta que cientos de miles de millones se evadan o se pierdan en corrupción, permite que el crimen organizado capture recursos públicos masivos, pero considera “insostenible” garantizarles pensiones dignas a los trabajadores que construyeron el país durante décadas. Esta no es una evaluación técnica de capacidad fiscal. Es una decisión política sobre qué priorizar y a quién proteger.
Si el dinero existe, entonces el problema no es de recursos sino de voluntad. La pregunta no es si México puede costear pensiones dignas. La pregunta es por qué elegimos no hacerlo. Por qué preferimos combatir a nuestros jubilados mientras dejamos intactas las estructuras que realmente desangran al país.
La “Generación AFORE” fue sacrificada en un experimento que prometió eficiencia y entregó miseria. Tres décadas después, los resultados son claros: el sistema fracasó para los trabajadores, fue exitoso para el sector financiero, y el debate nacional sigue centrado en recortar aún más en lugar de cuestionar el modelo completo. Mientras tanto, el verdadero boquete fiscal permanece intacto, normalizado, aceptado como inevitable.
México puede tener pensiones dignas. Tiene los recursos, tiene la riqueza generada por el trabajo de millones, tiene el potencial económico. Lo que no tiene es la voluntad política para priorizar la dignidad de sus trabajadores sobre los intereses del sector financiero y sobre la tolerancia a la corrupción estructural. Esa es la verdadera insostenibilidad: no la de las pensiones, sino la de un modelo que condena a generaciones enteras a la pobreza en su vejez mientras protege los privilegios de unos cuantos y normaliza la sangría de recursos públicos.
Cada día, miles de trabajadores se acercan al retiro sabiendo que su pensión será insuficiente. Cada trimestre, las AFORES reportan rendimientos millonarios. Cada año, miles de millones se pierden en evasión fiscal. Y el debate nacional sigue girando en torno a quién debe sacrificarse más, en lugar de cuestionar quién debe rendir cuentas.
