Culiacán, Sinaloa.- En la Sesión Extraordinaria celebrada este jueves para clausurar el Segundo Período Extraordinario correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, las y los diputados aprobaron una minuta enviada por el Congreso de la Unión para reformar la Constitución en materia de extorsión.
La presidenta de la Mesa Directiva sometió a votación el documento enviado por la Junta de Coordinación Política, en la que se anexó dicha minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Carta Magna, mediante la cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca tipos penales y sanciones uniformes contra este delito.
El proyecto fue aprobado previamente por la Cámara de Senadores el 24 de septiembre de 2025 y posteriormente remitido a las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación, conforme al proceso establecido.
La reforma tiene como objetivo consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual se estructura en cinco ejes principales: detenciones mediante investigación e inteligencia, creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación de operadores en manejo de crisis y negociación, y la implementación de una campaña nacional de prevención.
La modificación constitucional permitirá crear un marco legal que establezca criterios uniformes de investigación, persecución y sanción, lo cual reducirá los espacios de impunidad y fortalecerá la legitimidad del sistema de justicia penal; además de garantizar mayor protección a las víctimas y evitar la división jurídica que impacta en la procuración e impartición de justicia.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión queda facultado para expedir leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
