La legisladora destacó que la propuesta responde a la ausencia de políticas específicas para este sector en la entidad: “Con esta reforma buscamos retener talento, diversificar la economía y consolidar un ecosistema de innovación en Sinaloa”.
La diputada local Paola Iveth Gárate Valenzuela, junto con los legisladores Bernardino Antelo Esper e Irma Guadalupe Moreno Ovalles, presentó una iniciativa para reformar tres leyes estatales con el fin de reconocer legalmente a las startups y brindarles mecanismos de apoyo especializados.
Gárate Valenzuela explicó que la propuesta plantea modificar la Ley para la Promoción y Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico, todas del Estado de Sinaloa. “Queremos que en Sinaloa se reconozca a las startups como empresas emergentes con capacidad de innovación, escalabilidad y alto potencial de crecimiento. No podemos permitir que el talento joven siga migrando a otros estados por falta de oportunidades aquí”, subrayó.
Entre las medidas previstas en la iniciativa se incluyen:
- Creación de un Registro Estatal de Empresas Innovadoras.
- Acceso a capital semilla, fondos de aceleración y estímulos fiscales durante los primeros tres años de operación.
- Vinculación con universidades y centros de investigación para fortalecer incubadoras y la transferencia tecnológica.
- Mecanismos de coinversión pública-privada.
La legisladora destacó que la propuesta responde a la ausencia de políticas específicas para este sector en la entidad: “Con esta reforma buscamos retener talento, diversificar la economía y consolidar un ecosistema de innovación en Sinaloa”.
Agregó que la iniciativa retoma buenas prácticas de estados como Durango y Nuevo León, así como recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, UNCTAD, Banco Mundial y BID. “Es momento de que Sinaloa esté a la altura de los desafíos globales y dé un paso firme hacia la economía del conocimiento”.
De aprobarse, el Congreso y el Ejecutivo deberán expedir el reglamento en un plazo máximo de 90 días y habilitar el registro especializado en 120 días, adaptando los programas de fomento para incluir a las startups.
