La política mexicana es tierra fértil para los símbolos: cada gesto, cada omisión, cada acto de poder tiene un trasfondo cultural, una narrativa que nos habla tanto de las estructuras institucionales como del ethos colectivo que las sostiene. El caso de Gerardo Vargas Landeros no es la excepción. Su reciente restitución jurídica, ordenada por un juzgado federal con sede en Zacatecas, no solo es un capítulo más en la novela negra de la política sinaloense; es un espejo que refleja la profunda fractura entre legalidad, legitimidad y gobernabilidad.
El expediente 1832/2025, dado a conocer este miércoles 6 de agosto, arroja luz sobre un proceso que trasciende lo meramente jurídico. En esencia, el tribunal ha determinado que los efectos de los artículos 136 de la Constitución local y 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa deben cesar, y que Vargas Landeros debe ser restituido de inmediato en el cargo para el que fue electo democráticamente como presidente municipal de Ahome, Sinaloa.
En un país donde las decisiones políticas muchas veces se disfrazan de actos legales, este fallo es una señal de que el andamiaje jurídico aún tiene resortes capaces de resistir la voluntad del poder.
Pero el fallo también es ambivalente: el juez ordena la restitución, pero señala que el tribunal no tiene la facultad de ejecutarla directamente. Esto coloca la responsabilidad en el Congreso de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya y el Ayuntamiento de Ahome. Son ellos los que deben acatar la suspensión definitiva y devolverle a Vargas Landeros su investidura, sus prerrogativas y su lugar en la vida pública de Ahome. Si no lo hacen, incurren en desacato, con las implicaciones legales que ello conlleva.
En este intersticio entre mandato judicial y cumplimiento político es donde emerge la verdadera tragedia sinaloense: la institucionalidad se resquebraja cuando los actores encargados de velar por ella la ignoran o la tergiversan. Y en medio, una ciudadanía atónita, escéptica, harta de ser espectadora de una lucha de élites mientras las demandas cotidianas —seguridad, servicios públicos, transparencia— se diluyen en el juego de los intereses.
El caso Vargas Landeros también expone una vieja constante de la política mexicana: el uso selectivo de la ley como instrumento de ajuste de cuentas. Si su remoción obedeció a causas genuinas de responsabilidad administrativa o política, estas debieron seguir un curso transparente, imparcial y dentro de los límites legales. Si, en cambio, fue resultado de una vendetta intra partidaria o de un reacomodo de fuerzas al interior de Morena y sus aliados, entonces estamos ante un síntoma preocupante: el Estado de derecho como botín, no como norma.
Desde el punto de vista jurídico, el caso de Gerardo Vargas Landeros es claro: existe una suspensión definitiva que ordena su restitución inmediata como presidente municipal de Ahome, y obliga a las autoridades responsables (Congreso, Gobernador y Ayuntamiento) a cumplir sin obstrucciones. No se trata de una sugerencia, sino de un mandato judicial en firme, cuya omisión podría constituir desacato. La sentencia no está sujeta a interpretaciones políticas: su incumplimiento viola el Estado de derecho.
En lo político-electoral, el caso evidencia una lucha de poder dentro de Morena y entre los distintos niveles de gobierno en Sinaloa. La remoción de Vargas Landeros y la resistencia a su restitución sugieren un intento de control político rumbo a 2027, utilizando las instituciones para reacomodar fuerzas. El conflicto debilita la legitimidad democrática y exhibe un uso faccioso de los mecanismos legales con fines electorales.
Desde el ángulo cultural, este episodio deja al descubierto la fragilidad de la representación política en el norte del país. Ahome, con su historia de cacicazgos, rupturas partidistas y liderazgos polarizantes, parece atrapado en un eterno retorno de conflictos políticos disfrazados de procedimientos legales. El regreso (o no) de Vargas Landeros no cambiará esa lógica por sí solo, pero puede ser un punto de inflexión si logra abrir el debate sobre la separación entre legalidad y legitimidad en los procesos democráticos locales.
La pregunta es: ¿están las instituciones sinaloenses dispuestas a acatar la legalidad aunque eso implique contravenir sus propias agendas políticas? ¿O seguirán resistiendo, erosionando aún más la ya frágil confianza pública? Mientras tanto, en el municipio de Ahome, reina la incertidumbre. Y la ciudadanía, una vez más, observa desde la barrera cómo se juega el partido del poder, sin saber si alguna vez le tocará patear el balón. Es decir, aquí la voluntad del pueblo sabio y bueno sale sobrando.
