Culiacán, Sinaloa.- Desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS), hizo un llamado a rediseñar las políticas educativas bajo un enfoque territorial, que priorice a las comunidades marginadas y rurales.

Durante su intervención, Corrales Burgueño subrayó que acercar las aulas a los lugares más alejados y con mayores carencias económicas es una estrategia efectiva para garantizar el acceso y la permanencia en la educación media y superior.

“Está comprobado que cuando las aulas se ubican en zonas de difícil acceso, las y los jóvenes asisten con regularidad, incluso en contextos de severas limitaciones económicas”, afirmó.

El legislador citó el Informe de Movilidad Social en México 2025 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual revela que solo el 9% de las personas cuyos padres únicamente cursaron primaria lograron acceder al nivel profesional, lo que evidencia que el origen socioeconómico sigue siendo determinante en el destino educativo.

“Esto demuestra que el punto de partida sigue marcando el destino. Pero también confirma que, con políticas públicas pertinentes, podemos revertir esas barreras”, sostuvo.

En ese sentido, el coordinador del PAS insistió en combatir el abandono escolar en el nivel medio superior, que actualmente alcanza el 29%, y planteó fortalecer la infraestructura educativa en las regiones históricamente excluidas.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAS, conformado también por la diputada Angélica Díaz Quiñónez, propuso priorizar la instalación de planteles en zonas marginadas como vía efectiva para mejorar la cobertura, permanencia y equidad educativa.

Corrales también reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal con el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato, que contempla la creación de 40 mil nuevos espacios educativos durante 2025 mediante la construcción, ampliación o reconversión de planteles. No obstante, señaló que estas acciones deben ir acompañadas de una mirada socialmente pertinente y territorialmente focalizada.

Finalmente, advirtió que en Sinaloa más de 668 mil personas viven en situación de pobreza, el 91.6% en pobreza moderada y el 8.3% en pobreza extrema, lo que obliga a los poderes públicos, y especialmente al Legislativo, a diseñar políticas con enfoque de equidad, inclusión y justicia social.

“Educar no es solo enseñar; es garantizar que nadie quede fuera por razones geográficas o económicas”, concluyó.