Culiacán, Sinalos.– La diputada María Teresa Guerra Ochoa afirmó que la coordinación entre el Poder Legislativo y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha sido constante y productiva, aunque advirtió que persisten retos importantes en materia normativa y presupuestaria para enfrentar de manera más efectiva los desafíos en seguridad pública.

La legisladora detalló que, desde antes de la comparecencia del titular de Seguridad ante el Congreso, ya se habían sostenido reuniones de trabajo con él, incluso desde la glosa del informe de gobierno.

“Nos reunimos con el actual secretario antes de su comparecencia, cuando aún era reciente su nombramiento. A través de la Comisión de Seguridad hemos sostenido más de un par de encuentros en los que se han puesto temas clave sobre la mesa”, señaló.

Entre los asuntos abordados con el funcionario estatal, mencionó la necesidad de fortalecer la profesionalización de los cuerpos policiales, crear una unidad o subsecretaría de investigación y avanzar en la conformación de un cuerpo de ciberpolicía. Este último punto se deriva de una reforma federal que busca replicarse a nivel estatal.

Guerra Ochoa celebró los recientes operativos que han dado como resultado importantes decomisos de armas y el hallazgo de un narcotúnel, lo que, dijo, refleja que las instituciones están actuando y que existe una coordinación efectiva entre el Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades estatales.

“Ese túnel no se construyó en semanas. El tipo de armamento decomisado habla de la magnitud del problema, pero también de los avances en inteligencia y coordinación operativa”, subrayó.

También resaltó la reinstalación de cámaras de videovigilancia en diferentes puntos del estado, como parte de las acciones de prevención del delito.

Uno de los temas más delicados que abordó la legisladora fue la creciente problemática relacionada con los fraccionamientos privados o “cotos residenciales”, donde se dificulta el acceso de las autoridades ante posibles emergencias o situaciones delictivas.

“Este tipo de desarrollos inmobiliarios plantea un reto importante: la falta de una legislación clara sobre la convivencia y la seguridad en estos espacios. En la Ciudad de México hay normativas específicas para condominios. En Sinaloa, no”, afirmó.

Señaló que muchas privadas operan bajo reglas internas que limitan el acceso incluso a familiares o personal de emergencia, lo que puede favorecer el ocultamiento de actividades ilícitas. Guerra Ochoa insistió en que este fenómeno urbano debe empujar una modernización de la legislación estatal y municipal en materia de desarrollo urbano y seguridad.

La diputada también reconoció que uno de los principales pendientes es la asignación de recursos suficientes para seguridad pública, algo que no solo ha sido solicitado por el actual secretario, sino también por el Consejo Ciudadano de Seguridad y otras voces del sector.

“Hay un rezago presupuestal que no podemos ignorar. Es contradictorio que algunas voces que hoy exigen más recursos hayan sido parte de gobiernos que recortaron presupuesto en áreas clave de seguridad”, criticó.

Aclaró que el fortalecimiento de las capacidades operativas e investigativas no puede lograrse sin una inversión real y sostenida en el tiempo, y llamó a no ver el gasto en seguridad como un costo, sino como una inversión estratégica para garantizar la paz en el estado.

Guerra Ochoa concluyó destacando que, así como se han logrado avances legislativos en temas como el “alconeo” y las “ponchallantas”, también es urgente construir nuevas normativas que respondan a la realidad urbana actual.

“La modernidad en las ciudades exige también una modernidad en nuestras leyes. Hoy se discuten en Mazatlán temas como la altura de edificios, el grosor de los pisos, o los pesos que pueden soportar ciertas estructuras. Todo eso nos habla de la necesidad de una planeación urbana con visión de futuro”, expresó.

Aunque no adelantó una iniciativa legislativa inmediata, dejó claro que estos temas están sobre la mesa y que se requiere un análisis profundo para construir una legislación adecuada y funcional.