En el corazón de cualquier democracia madura, la justicia debe ser imparcial, autónoma y ajena a los vaivenes del poder. Elegir a quienes la imparten exige, por lo tanto, un proceso electoral limpio, equitativo y riguroso. Pero lo que ocurrió en México con la más reciente elección judicial fue todo lo contrario: un espectáculo donde las redes sociales, las campañas encubiertas y la publicidad pagada sustituyeron al voto informado. En lugar de un proceso de selección ciudadano, tuvimos una guerra de algoritmos y estrategias de marketing disfrazadas.

La evidencia es contundente. El Observatorio Electoral Judicial analizó más de 10,000 anuncios en las plataformas de Meta (Facebook, Instagram y Messenger). De ellos, cerca de 2,000 promovían directamente a 394 candidaturas judiciales. Todo esto ocurrió pese a una prohibición explícita del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral: estaba completamente vedado pagar por publicidad para estas elecciones. Aun así, se hizo. Y se hizo en grande.

Candidatos como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ambas aspirantes a la Suprema Corte, gastaron entre 300,000 y 540,000 pesos en anuncios digitales, a través de estructuras paralelas. Estas no eran cuentas oficiales ni personales, sino páginas opacas, muchas recién creadas, con nombres genéricos o que simulaban ser medios de comunicación. Este entramado de propaganda fue diseñado para evadir la regulación, manipular la percepción pública y amplificar artificialmente el alcance de ciertos nombres.

¿El resultado? Seis de los nueve aspirantes más votados en la Suprema Corte coincidieron con los candidatos que más inversión hicieron en estas campañas. No es casualidad. Es evidencia de que el dinero, no el mérito, fue el principal factor para ascender en las listas.
Esto debería encender todas las alarmas. ¿Qué tipo de justicia se construye cuando sus representantes llegan gracias a una maquinaria de propaganda ilegal? ¿Cómo pueden impartir equidad quienes rompieron las reglas para llegar al cargo? La justicia que se compra con likes no es justicia: es simulación.

Lo más preocupante no es solo la existencia de esta publicidad, sino la pasividad —y en algunos casos, la complicidad— de las autoridades. El INE, sabiendo de estas prácticas, no reaccionó con la contundencia que se esperaba. Y el Tribunal Electoral, que debería actuar como juez imparcial, tiene entre sus integrantes a una de las candidatas beneficiadas. Es decir, la institución encargada de fiscalizar la legalidad del proceso está contaminada por los mismos actores que debiera investigar.

Este tipo de conflictos de interés debilita gravemente la confianza ciudadana en el sistema democrático. Si quien debe juzgar es parte interesada, el veredicto está escrito de antemano. Si quienes redactan las reglas son los primeros en violarlas, la ley pierde toda autoridad moral.

El uso de redes sociales como herramienta política no es nuevo, pero en contextos como este, donde las reglas son claras y fueron ignoradas, representa una amenaza directa a la equidad electoral. No se trata de modernizar la política, se trata de desmantelar la legalidad para imponer narrativas prefabricadas.

Y esto tiene implicaciones aún más profundas. Una justicia que nace bajo sospecha difícilmente podrá ganarse la legitimidad que necesita para actuar. Las decisiones que emanen de estos jueces estarán siempre bajo la sombra de la duda: ¿lo hacen por convicción jurídica o por lealtades políticas adquiridas en campaña?

En vez de fortalecer el Estado de derecho, esta elección judicial erosiona su base. No solo se violaron normas electorales, se violó el principio más básico de una democracia: la igualdad de condiciones para competir y ser elegido. Y esto debe ser denunciado con firmeza.

México enfrenta un reto urgente. No basta con mejorar la tecnología o con cambiar las boletas. Se requiere una reestructuración completa del modelo de selección judicial. Uno que blinde a los aspirantes de la presión política, que prohíba de forma efectiva la publicidad pagada y que garantice que ningún juez deba su puesto a una red de favores.

Porque cuando la justicia se convierte en botín electoral, cuando los jueces hacen campaña y los ciudadanos son simples espectadores de una elección ya pactada, lo que está en juego no es solo un proceso electoral: es el futuro de nuestra democracia.