De diversas maneras y circunstancias, miles de mexicanos perdieron la tierra de 1952 a la fecha, pero todas comparten el común denominador de la violencia que hoy asciende en imparable espiral y alcanza a todos los segmentos sociales sin distinción.
Miy parecido a lo que ocurrió en los años 70 con la operación militar Cóndor que expulsó de sus viviendas a cientos de pobladores de la sierra de Chihuahua, Durango y Sinaloa que eran ajenos a la producción de drogas, muchas familias han sido desalojadas en los últimos 20 años por grupos criminales que controlan comunidades completas para utilizarlas en sus operaciones delictivas sin que exista capacidad y voluntad política de los 3 niveles de gobierno para restaurar la paz y resguardar el patrimonio de quienes lo construyeron durante varias generaciones.
Aunque hay registros de desaparición forzada interna (DFI) desde la década de los 70, varias de ellas derivadas de la intervención castrense, el delito fue reconocido oficialmente hasta 2019. Es decir, la estadística es muy reciente. Hasta 2022, el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) reportó una cifra acumulada de 386 mil víctimas.
Mazatlán es en Sinaloa el mayor receptor de desplazamiento con 6 mil 793 familias y 33 mil 963 mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores que huyeron del interés criminal de Potrerillos, El Palmito, La Petaca, El Coco, Pánuco, El Batel, Loberas, Santa Rita, Santa Lucía, Chirimoyos, El Cuatanal, La Escondida, Mesa de Carrizales, La Capilla del Taxte y Copala, en la zona minera del municipio de Concordia; Matatán, Las Negritas y La Rastra, en el municipio de El Rosario; e incluso también ha recibido desplazados de Zacatecas, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Sonora, Durango, Tijuana y del norte de Culiacán como efecto del combate entre grupos delictivos.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación reconoce a 128 mil 066 personas no localizadas y 231 mil 941 localizadas (de ellas, 18 mil 193 encontradas muertas), haciendo un gran total de 360 mil 007 ciudadanos que han sufrido este delito del 31 de diciembre de 1952 al 7 de mayo de 2025. Sobresale que más de 60 mil casos ocurrieron a partir de 2019.
La creciente intensidad criminal en Sinaloa es la causa directa del aumento exponencial de la desaparición forzada: de 3 casos conocidos en 2017, pasó a 12 mil 450 en 2025, según registro actual del colectivo Sabuesos Guerreras, uno de los varios que existen en el estado. Oficialmente, la Red de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO.) solamente reconoce 6 mil 190 desaparecidos.
Y finalmente, el Instituto de Protección de Defensores y Periodistas de Sinaloa confirma que las amenazas contra la libertad de opinión y expresión -que son el corazón de toda democracia sana- han ido en aumento, derivadas principalmente de la guerra intestina del Cartel de Sinaloa pero también incubadas en algunos niveles de gobierno. De acuerdo con la estadística acumulada de mayo de 2022 a marzo 2025, el Instituto otorgó mil 171 medidas de protección a periodistas y activistas -incluyendo la extracción del estado por riesgo inminente- por amenazas, lesiones, obstaculización y descalificación a su labor por parte de criminales y servidores públicos en partes alícuotas. La proyección del organismo advierte que no hay elementos para pensar que la tendencia a la alza pudiera revertirse en el mediano plazo por el contexto y la naturaleza misma de la labor de ambos gremios que en México es de alto riesgo..
Todos los días aumentan las familias en riesgo por defender su derecho a vivir en las comunidades que heredaron de sus ancestros, promover y respetar el estado de derecho y ejercer la libertad de opinar y expresarse, pero siempre será preferible, aunque profundamente triste, perder la tierra que la vida. Aquí nos tocó.
Saludos cordiales
MM
