La reciente decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de prohibir la venta de determinados alimentos categorizados como “chatarra” en los entornos escolares representa una intervención regulatoria que merece un análisis multidimensional para comprender tanto sus potencialidades como sus inherentes limitaciones sistémicas.

México se encuentra inmerso en una crisis epidemiológica de proporciones alarmantes: ocupa consistentemente los primeros lugares mundiales en obesidad infantil, con aproximadamente 35% de niños en edad escolar presentando sobrepeso u obesidad. Esta condición no constituye meramente un fenómeno de elección individual, sino una manifestación visible de complejas interacciones entre sistemas alimentarios industrializados, determinantes socioeconómicos de acceso nutricional, y arquitecturas regulatorias insuficientes.

La prohibición implementada por la SEP puede conceptualizarse como una intervención en el “entorno alimentario próximo” del estudiante mexicano. Su premisa fundamental —restringir la disponibilidad inmediata de productos hipercalóricos y ultraprocesados— responde a principios de arquitectura de elección que reconocen la influencia del ambiente sobre los comportamientos alimentarios. Sin embargo, esta medida presenta limitaciones estructurales significativas al actuar exclusivamente sobre un microsistema (el entorno escolar) mientras deja intactas las macroestructuras que determinan el sistema alimentario nacional.

El problema estructural revela asimetrías de poder profundamente arraigadas. Las corporaciones alimentarias multinacionales han construido durante décadas un sofisticado aparato tecnológico-comercial que trasciende las fronteras regulatorias nacionales. Sus algoritmos de desarrollo de producto, optimizados para maximizar la palatabilidad y minimizar costos, han creado un entorno alimentario donde los productos ultraprocesados presentan ventajas competitivas estructurales frente a alternativas nutritivas. La industria ha perfeccionado modelos de negocio que aprovechan vulnerabilidades neurobiológicas y asimetrías informativas para consolidar patrones de consumo adictivos desde la infancia temprana.

Esta arquitectura corporativa ha sido deliberadamente diseñada para penetrar en los espacios educativos como instrumentos de captura de mercado. Sus estrategias incluyen desde la normalización cultural de productos ultraprocesados hasta el establecimiento de dependencias económicas en comunidades escolares con recursos limitados. Las campañas publicitarias específicamente dirigidas a población infantil han instrumentalizado sofisticados principios psicológicos para establecer lealtades de marca desde edades tempranas, explotando precisamente la ausencia de capacidades críticas completamente desarrolladas.

La ausencia de transformación en los determinantes socioeconómicos constituye otra dimensión crítica. La medida no aborda las asimetrías de acceso a alimentos nutritivos ni las condiciones materiales que influyen en las prácticas alimentarias familiares. Las comunidades económicamente vulnerables continúan habitando “desiertos alimentarios” donde la densidad de opciones nutritivas es inversamente proporcional a la concentración de productos ultraprocesados.

La prohibición, por sí misma, no genera las capacidades críticas necesarias para que los estudiantes desarrollen autonomía alimentaria informada. El sistema educativo carece de programas coherentes de alfabetización nutricional que proporcionen herramientas cognitivas para navegar entornos alimentarios cada vez más complejos y tecnificados.
Una respuesta coherente con la magnitud del desafío requeriría la integración regulatoria multinivel entre políticas educativas, fiscales, agrarias y comerciales para transformar integralmente el sistema alimentario. Se necesita inversión en infraestructuras alimentarias sostenibles que faciliten el acceso económico y logístico a alimentos nutritivos en todas las comunidades, particularmente aquellas históricamente marginadas.

La transformación pedagógica resulta igualmente crucial, mediante la implementación de modelos educativos que desarrollen capacidades críticas sobre alimentación, incorporando conocimientos tradicionales y contemporáneos. Finalmente, resulta imperativa la democratización tecnológica mediante herramientas digitales que empoderen a las comunidades en la producción, distribución y acceso a información sobre alternativas alimentarias saludables.

La prohibición implementada por la SEP constituye un paso necesario, pero significativamente insuficiente ante la complejidad del fenómeno obesogénico en México. La transformación efectiva requiere reconocer que la crisis alimentaria actual emerge de estructuras socioeconómicas, tecnológicas y culturales que han sido sistemáticamente construidas y reforzadas durante décadas por intereses corporativos específicos. El verdadero desafío no reside únicamente en prohibir determinados alimentos, sino en reconstruir un ecosistema alimentario donde la opción saludable sea también la más accesible, asequible y culturalmente relevante para la población escolar mexicana.