La dependencia solicita al juez aplazar la cita de la audiencia hasta junio y reconoce que la pena de muerte todavía es una posibilidad

La Fiscalía de Estados Unidos está negociando un acuerdo de culpabilidad con Ismael El Mayo Zambada. La dependencia ha enviado este martes un escrito al juez que lleva el caso, Brian Cogan, en el que solicita aplazar la cita de la audiencia, que estaba prevista para el 22 de abril, hasta el 16 de junio. En el documento, el fiscal especial John Durham reconoce que están debatiendo “una potencial resolución para acortar el juicio” después de intercambiar “ciertos materiales de evidencia”. Aun así, apunta el escrito, sigue pendiente la evaluación del Gobierno de la posible pena de muerte para uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa.

El oficio enviado hoy al juez Cogan, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua, es un balón de oxígeno para El Mayo Zambada. La principal preocupación del capo, de 77 años, es evitar la pena de muerte. “Él sabe que va a pasar el resto de sus días en prisión, lo que no quiere es que lo maten”, contó a EL PAÍS su asesor legal Juan Manuel Delgado. El que fuera el criminal más buscado por Estados Unidos siempre ha acusado que fue engañado por Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo de su antiguo aliado, quien en julio lo secuestró, lo montó con él en un avión y lo entregó contra su voluntad a las autoridades estadounidenses. Esta operación de película, que se saldó con el asesinato de Héctor Cuén, exrector de la Universidad de Sinaloa, y que salpicó al gobernador morenista Rubén Rocha, desató la guerra fratricida, entre Los Chapitos y La Mayiza, que ahora desangra a Sinaloa.

“Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”, escribió en febrero Zambada, en un documento que entregó al consulado de México en Nueva York y en el que solicitaba su repatriación. El narcotraficante pedía a las autoridades mexicanas que intervinieran para frenar su proceso judicial en la corte de Brooklyn, puesto que su juicio iba a suponer “un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier Gobierno extranjero pudiera, de manera impune, violentar el territorio y la soberanía de México”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo entonces que se iba a analizar la solicitud del Mayo, aunque eso fue antes de que el Gobierno mexicano entregara a 29 capos del narcotráfico para que fueran juzgados en Estados Unidos. Entre ellos, Rafael Caro Quintero, el Narco de Narcos, quien está detrás del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y para quien la Fiscalía está evaluando pedir también la pena de muerte. Si estos capos hubieran sido extraditados con el procedimiento regular, no podrían afrontar la pena capital, puesto que es una de las condiciones que regula el proceso de extradición. Sin embargo, para estas nuevas circunstancias no hay nada escrito.

Hasta su entrega el año pasado, El Mayo no había pisado en cinco décadas la cárcel. Ahora se enfrenta a cargos por narcotráfico, delincuencia organizada y tráfico de fentanilo, la sustancia que protagoniza la última cruzada de Washington contra las drogas. El juez Cogan señaló en una audiencia en octubre pasado que las autoridades estadounidenses podían solicitar la aplicación de la pena de muerte, prevista para delitos de lesa humanidad, puesto que la epidemia de sobredosis por el consumo de opioides está detrás de miles de muertes en Estados Unidos.

La carta que ha enviado este martes la Fiscalía estadounidense al juez abre la puerta a que el Gobierno reciba del Mayo material “clasificado” que pueda ser utilizado en el juicio. Zambada posee décadas y décadas de información sobre las conexiones políticas del narco, las operaciones de socios y rivales, y el estado de fuerza de los carteles. No es la primera vez que se pone sobre la mesa la posible cooperación del narcotraficante con la justicia estadounidense. Sus abogados ya lo deslizaron en enero (aunque un mes después lo rechazaron) y también estaba de alguna forma presente en la carta que el capo envío en febrero, en la que decía pedir ayuda al Gobierno mexicano “para que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral”.

La elección de la palabra “colapso” fue interpretada por algunos expertos como una amenaza del impacto que pueden tener las revelaciones de Zambada. La pregunta ahora es qué información clasificada puede dar el capo a Estados Unidos a cambio de librarse de la pena capital y qué implicaciones tendría para México, a quien el Gobierno de Donald Trump sigue presionando con la entrega de figuras criminales, en un margen de negociación cada vez más estrecho.