Sin una estrategia efectiva, las elecciones pueden convertirse en un nuevo episodio de violencia e impunidad en esos estados, indica México Evalúa.
Al menos ocho entidades del país presentan altos niveles de riesgo de violencia ‘político-criminal’ de cara a las próximas elecciones judiciales del 1 de junio, según la organización México Evalúa.
La organización enfatizó en un análisis la urgencia de actuar, dado que las campañas están programadas para iniciar el 30 de marzo, pues advirtió que sin una estrategia efectiva, las elecciones “podrían convertirse en un nuevo episodio de violencia e impunidad en estos estados”.
Las entidades con altos niveles de riesgo son Baja California con un “riesgo muy alto”, seguida de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima.
No obstante, también hay otras siete regiones que la organización consideró de “riesgo medio”, como Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.
En contraste solo cuatro entidades muestran un “riesgo bajo”: Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán.
La ONG destacó en un reporte que, por primera vez en la historia del país, se llevarán a cabo elecciones para ocupar diversos cargos en el Poder Judicial Federal.
En este sentido, alertó que la evidencia sugiere que el crimen organizado “podría intentar influir en estos procesos para consolidar su control territorial y político”.
Las elecciones de 2024 fueron catalogadas como las más violentas de la historia reciente, con más de 550 víctimas registradas, según datos de Data Cívica y México Evalúa.
Este antecedente incrementa la preocupación sobre la posible repetición de escenarios similares en los comicios judiciales venideros.
Pide priorizar protección en regiones de alto riesgo
México Evalúa propuso implementar un enfoque de seguridad hiperfocalizado para mitigar estos riesgos.
Esto implica priorizar la protección en regiones de alto riesgo, brindar seguridad a candidaturas vulnerables y emplear corporaciones con menor grado de infiltración criminal.
La violencia político-criminal se ha convertido en un mecanismo frecuente mediante el cual poderes fácticos, incluido el crimen organizado, buscan imponer sus intereses en los procesos electorales locales.
“La importancia de contar con un Poder Judicial al servicio del Estado de Derecho y la ciudadanía, y no de poderes fácticos, debería ser razón suficiente para que la autoridad considere este documento como una contribución de inteligencia para ofrecer condiciones de seguridad a las y los candidatos”, se lee en el documento.
El reporte subrayó que evitar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales requiere una transformación profunda del Estado de derecho.
Esto incluye la conformación de instituciones políticas profesionalizadas y responsables, mayor efectividad de las instituciones de seguridad y justicia, y un bienestar compartido que reduzca las condiciones que permiten la infiltración criminal en la política.
La comunidad internacional y las autoridades nacionales observan con atención el desarrollo de estos procesos, conscientes de que la integridad de las elecciones judiciales es fundamental para la consolidación democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho en México.
Las campañas comienzan este domingo para la primera elección popular del Poder Judicial en México, donde el 1 de junio un récord de 100.4 millones de votantes podrán elegir de entre más de 4,000 candidaturas a la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y a miles de jueces y magistrados.
