El \u00faltimo informe de la Comisi\u00f3n Estatal para el Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica revela que en 2025 se recibieron 13 mil 090 solicitudes y que, de 538 recursos de revisi\u00f3n resueltos, 91.8 por ciento termin\u00f3 favoreciendo a los ciudadanos recurrentes.<\/p>\n\n\n\n
Los n\u00fameros muestran la utilidad de un \u00f3rgano distinto de las autoridades obligadas a transparentar su actuaci\u00f3n; por eso, la desaparici\u00f3n de la CEAIP y el traslado de sus funciones a estructuras de gobierno mantienen abierto un debate que va m\u00e1s all\u00e1 de la burocracia: \u00bfpuede garantizarse plenamente la imparcialidad cuando quien debe revisar al gobierno forma parte del propio gobierno?<\/p>\n\n\n\n
Este 28 de septiembre, D\u00eda Internacional por el Acceso Universal a la Informaci\u00f3n, no parece haber mejor momento para detenerse en un documento que quiz\u00e1 deber\u00eda ser le\u00eddo con mayor atenci\u00f3n: el Vig\u00e9simo Tercer Informe Anual de Labores y Resultados de la Comisi\u00f3n Estatal para el Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica, correspondiente al ejercicio 2025.<\/p>\n\n\n\n
El informe, presentado ante el Congreso del Estado y al que Fuentes Fidedignas tuvo acceso, no solamente hace un recuento administrativo de lo realizado por la CEAIP: sus cifras permiten observar, desde los hechos, qu\u00e9 significa contar con un organismo encargado de revisar las decisiones de las autoridades en materia de acceso a la informaci\u00f3n. El documento reporta que durante 2025 se recibieron en Sinaloa 13 mil 090 solicitudes, de las cuales 12 mil 421 correspondieron a informaci\u00f3n p\u00fablica y 669 a datos personales.<\/p>\n\n\n\n
Pero hay un dato todav\u00eda m\u00e1s revelador.<\/p>\n\n\n\n
Durante ese mismo a\u00f1o, la Comisi\u00f3n recibi\u00f3 706 recursos de revisi\u00f3n. De los 538 que fueron resueltos por el Pleno, 114 revocaron la respuesta original de la autoridad, 158 la modificaron y en 79 casos ordenaron al sujeto obligado responder. La propia CEAIP se\u00f1ala que, bajo su metodolog\u00eda, 91.8 por ciento de esos recursos termin\u00f3 en favor de los recurrentes, ya fuera porque se modific\u00f3 o revoc\u00f3 la respuesta, se orden\u00f3 atender una solicitud que no hab\u00eda sido respondida o porque, durante el procedimiento, la autoridad termin\u00f3 proporcionando la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El n\u00famero obliga a pensar.<\/p>\n\n\n\n
Porque detr\u00e1s de cada recurso de revisi\u00f3n hubo una persona que primero pregunt\u00f3 algo a una autoridad y, por alguna raz\u00f3n, consider\u00f3 que la respuesta no satisfac\u00eda su derecho. Y hubo una segunda instancia capaz de revisar esa decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Eso es precisamente lo que est\u00e1 en juego cuando hablamos de transparencia.<\/p>\n\n\n\n
No solamente la existencia de una plataforma, la publicaci\u00f3n de documentos o la obligaci\u00f3n de responder solicitudes. Lo verdaderamente importante es que, cuando una autoridad niegue informaci\u00f3n, entregue una respuesta incompleta o simplemente no responda, exista alguien distinto de ella que pueda revisar el caso.<\/p>\n\n\n\n
La CEAIP cumple esa funci\u00f3n, y hay que decirlo: todav\u00eda sigue trabajando. Sus n\u00fameros muestran que no se trata de una funci\u00f3n meramente decorativa.<\/p>\n\n\n\n
En 2025 tambi\u00e9n resolvi\u00f3 57 denuncias por presunto incumplimiento de obligaciones de transparencia, de las cuales 41 fueron declaradas fundadas. En los procedimientos de verificaci\u00f3n emiti\u00f3 55 acuerdos de incumplimiento, con apercibimientos y medidas de apremio que incluyeron 15 amonestaciones p\u00fablicas y tres multas.<\/p>\n\n\n\n
Incluso, en 77 asuntos derivados de recursos de revisi\u00f3n, el Pleno orden\u00f3 dar vista a los \u00f3rganos internos de control de los sujetos obligados al advertir posibles conductas contrarias a la legislaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Es decir, existe una separaci\u00f3n institucional entre quien est\u00e1 obligado a proporcionar la informaci\u00f3n y quien puede determinar si su respuesta se ajusta a derecho. Ese esquema est\u00e1 pr\u00f3ximo a desaparecer, y justamente ah\u00ed aparece la pregunta que hoy resulta inevitable.<\/p>\n\n\n\n
El Congreso de Sinaloa aprob\u00f3 en diciembre de 2025 la reforma constitucional que contempla la extinci\u00f3n de la CEAIP y el traslado de sus funciones a las contralor\u00edas de los tres Poderes del Estado y de los organismos aut\u00f3nomos, bajo el argumento de que el nuevo modelo contar\u00e1 con autonom\u00eda funcional.<\/p>\n\n\n\n
El debate no deber\u00eda reducirse a decir que todo lo que hizo la CEAIP estuvo bien o que todo lo que haga el nuevo modelo estar\u00e1 mal. Ser\u00eda una discusi\u00f3n demasiado sencilla para un asunto de esta dimensi\u00f3n. La verdadera cuesti\u00f3n es institucional. \u00bfQu\u00e9 distancia debe existir entre quien est\u00e1 obligado a transparentar y quien tiene que resolver si efectivamente transparent\u00f3?<\/p>\n\n\n\n
Porque cuando una dependencia gubernamental recibe una solicitud de informaci\u00f3n, forma parte del sujeto obligado. Si posteriormente una estructura perteneciente al mismo \u00e1mbito gubernamental debe revisar la respuesta y determinar si la informaci\u00f3n debe entregarse, la pregunta sobre la independencia del \u00e1rbitro deja de ser una cuesti\u00f3n ret\u00f3rica.<\/p>\n\n\n\n
No se trata de presumir que habr\u00e1 parcialidad. Se trata de evitar que el dise\u00f1o institucional genere dudas razonables sobre ella.<\/p>\n\n\n\n
La transparencia necesita confianza, pero la confianza democr\u00e1tica no se construye solamente con declaraciones de principios. Necesita reglas, contrapesos y mecanismos que permitan al ciudadano tener la certeza de que su reclamaci\u00f3n ser\u00e1 revisada por una instancia con suficiente independencia frente a la autoridad cuestionada.<\/p>\n\n\n\n
El propio informe de la CEAIP, documento que adquiere una dimensi\u00f3n hist\u00f3rica en este momento, ofrece un ejemplo de por qu\u00e9 esto importa: la Comisi\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 obligada a transparentarse. Durante 2025 recibi\u00f3 148 solicitudes de informaci\u00f3n p\u00fablica y de datos personales y tramit\u00f3 13 recursos de revisi\u00f3n. Adem\u00e1s, sus 58 sesiones del Pleno fueron p\u00fablicas y transmitidas para su consulta.<\/p>\n\n\n\n
No es, desde luego, una instituci\u00f3n perfecta. El mismo informe reconoce problemas y admite la necesidad de mejorar. Tambi\u00e9n documenta dificultades en la operaci\u00f3n de la Plataforma Nacional de Transparencia, as\u00ed como una disminuci\u00f3n en las solicitudes, recursos y denuncias. <\/p>\n\n\n\n
La propia Comisi\u00f3n plantea la necesidad de aprender, rectificar e innovar para fortalecer las herramientas que permiten ejercer estos derechos.<\/p>\n\n\n\n
Eso tambi\u00e9n forma parte de la lectura responsable del documento.<\/p>\n\n\n\n
Defender la existencia de un organismo garante no significa sostener que este no debe mejorar. Significa reconocer que el derecho de acceso a la informaci\u00f3n requiere algo m\u00e1s que buenas intenciones: necesita una instituci\u00f3n capaz de revisar al poder cuando el poder no cumple.<\/p>\n\n\n\n
La UNESCO reconoce precisamente el acceso a la informaci\u00f3n como un derecho fundamental y como una herramienta para fortalecer la democracia, la rendici\u00f3n de cuentas y la participaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n\n\n\n
El 28 de septiembre fue establecido como D\u00eda Internacional del Acceso Universal a la Informaci\u00f3n para colocar ese derecho en el centro de la discusi\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Por eso resulta parad\u00f3jico que, mientras el mundo dedica una jornada a recordar que la informaci\u00f3n p\u00fablica debe estar al alcance de las personas, en Sinaloa la discusi\u00f3n se encuentre concentrada en qui\u00e9n tendr\u00e1 ahora la responsabilidad de garantizar ese acceso.<\/p>\n\n\n\n
El problema no es solamente qui\u00e9n recibe los expedientes, qui\u00e9n administra los recursos o qu\u00e9 oficina cambia de nombre.<\/p>\n\n\n\n
El problema es qui\u00e9n tendr\u00e1 la \u00faltima palabra cuando un ciudadano diga que el gobierno no le est\u00e1 entregando la informaci\u00f3n que tiene derecho a conocer.<\/p>\n\n\n\n
Ah\u00ed est\u00e1 el verdadero desaf\u00edo.<\/p>\n\n\n\n
Porque un gobierno puede ser transparente y puede incluso tener la voluntad de serlo, pero una democracia no deber\u00eda depender exclusivamente de la voluntad del gobierno para garantizar un derecho frente al propio gobierno.<\/p>\n\n\n\n
Para eso precisamente existen los contrapesos y por eso importa la imparcialidad. Es en ese contexto que el informe 2025 de la CEAIP adquiere, quiz\u00e1 ahora que la instituci\u00f3n est\u00e1 en proceso de desaparecer, un valor distinto: sus cifras permiten medir lo que hace el \u00e1rbitro antes de preguntarnos c\u00f3mo funcionar\u00e1 el nuevo arbitraje.<\/p>\n\n\n\n
Al final, la discusi\u00f3n no deber\u00eda ser si defendemos una sigla o una estructura burocr\u00e1tica. La pregunta es mucho m\u00e1s sencilla y, al mismo tiempo, mucho m\u00e1s inc\u00f3moda: cuando el gobierno tiene la informaci\u00f3n, est\u00e1 obligado a entregarla y, adem\u00e1s, debe revisarse si su propia respuesta fue correcta, \u00bfqui\u00e9n vigila al que debe informar?<\/p>\n\n\n\n
La transparencia pierde parte de su sentido cuando quien est\u00e1 obligado a rendir cuentas termina teniendo tambi\u00e9n la \u00faltima palabra sobre aquello que debe transparentar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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