Lo ocurrido en torno a Yesenia Rojo Carrizoza no puede leerse como un hecho aislado ni como una simple pol\u00e9mica local. Es, m\u00e1s bien, un s\u00edntoma preocupante de la distorsi\u00f3n entre poder, activismo y legalidad en Sinaloa. Cuando una figura con un historial de confrontaci\u00f3n, se\u00f1alamientos de intimidaci\u00f3n y participaci\u00f3n en actos que rayan en la ilegalidad no solo evita consecuencias, sino que adem\u00e1s es reconocida con la Medalla de Honor \u201cDoctora Norma Corona Sapi\u00e9n 2026\u201d, otorgada por el Congreso del Estado, el mensaje pol\u00edtico que se env\u00eda es profundamente inquietante.<\/p>\n\n\n\n
El caso reciente del periodista Marcos Vizcarra lo evidencia con claridad. Tras expresar una opini\u00f3n cr\u00edtica sobre la toma de la Comisi\u00f3n Estatal de Derechos Humanos, fue objeto \u2014seg\u00fan su denuncia formal\u2014 de una escalada de descalificaciones y mensajes que percibi\u00f3 como amenazas. La situaci\u00f3n se agrava al se\u00f1alar la participaci\u00f3n de personas cercanas a Rojo Carrizoza, incluido su entorno familiar. No se trata \u00fanicamente de un conflicto en redes sociales: es un patr\u00f3n donde la cr\u00edtica period\u00edstica es respondida con presi\u00f3n, hostigamiento y amagos.<\/p>\n\n\n\n
Este episodio se suma a antecedentes como las agresiones denunciadas por periodistas en Angostura, y a la propia toma de instalaciones de la CEDH, un acto que, m\u00e1s all\u00e1 de su narrativa reivindicativa, implic\u00f3 la interrupci\u00f3n de una instituci\u00f3n clave para la defensa de derechos. Aqu\u00ed es donde el discurso de la \u201ccausa social\u201d comienza a mostrar su l\u00edmite: ninguna lucha, por leg\u00edtima que se proclame, puede convertirse en salvoconducto para la intimidaci\u00f3n, la violencia o la vulneraci\u00f3n de derechos de terceros.<\/p>\n\n\n\n
El problema de fondo no es solo la conducta de un grupo, sino la reacci\u00f3n \u2014o la omisi\u00f3n\u2014 de las instituciones. Cuando el Estado no act\u00faa con firmeza, cuando las denuncias no avanzan, cuando los mecanismos de protecci\u00f3n sustituyen a la justicia en lugar de complementarla, lo que se construye es un ecosistema de impunidad. Y la impunidad, en contextos de polarizaci\u00f3n y violencia, no es neutra: siempre favorece a quien ejerce mayor presi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La entrega del reconocimiento legislativo a Rojo Carrizoza, lejos de ser un acto meramente simb\u00f3lico, adquiere entonces una dimensi\u00f3n pol\u00edtica. No solo legitima su figura, sino que la proyecta. M\u00e1s a\u00fan, coincide con versiones sobre un eventual impulso hacia la Secretar\u00eda General del STASE, lo que abre interrogantes inevitables: \u00bfqu\u00e9 intereses est\u00e1n detr\u00e1s de esta promoci\u00f3n?, \u00bfqu\u00e9 c\u00e1lculo pol\u00edtico considera viable impulsar a una figura tan polarizante?, \u00bfse ha medido el costo institucional y social de normalizar estos m\u00e9todos?<\/p>\n\n\n\n
El riesgo es claro. Convertir a liderazgos construidos desde la confrontaci\u00f3n en interlocutores privilegiados del poder puede terminar erosionando las reglas del juego democr\u00e1tico. Se env\u00eda el mensaje de que la presi\u00f3n, la toma de espacios p\u00fablicos, la intimidaci\u00f3n y la descalificaci\u00f3n son v\u00edas efectivas para escalar pol\u00edticamente. Y eso, en un estado que ya enfrenta altos niveles de violencia, es particularmente delicado.<\/p>\n\n\n\n
A esto se suma un elemento a\u00fan m\u00e1s grave: la vulnerabilidad del periodismo. Sinaloa carga con heridas profundas tras los asesinatos de Javier Valdez C\u00e1rdenas y Luis Enrique Ram\u00edrez. En ese contexto, cualquier amenaza, cualquier acto de intimidaci\u00f3n, cualquier campa\u00f1a de desprestigio contra periodistas no puede minimizarse. No es un exceso ret\u00f3rico afirmar que estos hechos, si no se contienen, pueden escalar hacia escenarios irreparables.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, la solidaridad con periodistas como Marcos Vizcarra, as\u00ed como con voces hist\u00f3ricas de la defensa de derechos humanos como \u00d3scar Loza Ochoa, no es solo un gesto gremial: es una defensa del espacio p\u00fablico, de la libertad de expresi\u00f3n y del derecho a disentir sin miedo.<\/p>\n\n\n\n
La pregunta que queda en el aire es inc\u00f3moda, pero necesaria: \u00bfd\u00f3nde est\u00e1 el Estado? La respuesta, hasta ahora, parece inclinarse hacia la contenci\u00f3n pol\u00edtica antes que hacia la aplicaci\u00f3n de la ley. La instalaci\u00f3n de mesas de di\u00e1logo puede ser \u00fatil en ciertos contextos, pero no puede sustituir el cumplimiento del marco legal. Dialogar no puede ser sin\u00f3nimo de tolerar excesos ni de postergar la justicia.<\/p>\n\n\n\n
Sinaloa enfrenta un momento que exige definiciones claras. O se establece un l\u00edmite firme a la violencia, venga de donde venga, o se seguir\u00e1 normalizando una l\u00f3gica donde la fuerza y la intimidaci\u00f3n pesan m\u00e1s que la ley. Y en ese escenario, todos pierden: las instituciones, la sociedad y, especialmente, quienes ejercen el derecho \u2014y el deber\u2014 de informar.<\/p>\n\n\n\n
Ya basta de amenazas. Ya basta de golpes. Ya basta de intimidaci\u00f3n disfrazada de causa. La legitimidad de cualquier lucha social no se mide por su capacidad de imponer, sino por su respeto a los derechos de los dem\u00e1s. Sin eso, no hay causa: hay abuso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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