La resoluci\u00f3n del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa no es un episodio menor ni un simple diferendo interno del Partido Acci\u00f3n Nacional. Es, en realidad, un retrato inc\u00f3modo de c\u00f3mo un partido que hist\u00f3ricamente ha hecho de la legalidad, el Estado de derecho y la democracia interna sus principales banderas, puede caer en pr\u00e1cticas que contradicen su propio discurso. Lo ocurrido con la baja selectiva de consejeros, la omisi\u00f3n deliberada de notificaciones y la negaci\u00f3n del derecho de audiencia no es un error administrativo: es una forma de ejercicio del poder que erosiona la credibilidad institucional del PAN desde dentro.
El argumento de las \u201cinasistencias injustificadas\u201d utilizado para dar de baja a diez consejeros previo al proceso de selecci\u00f3n del Consejo Estatal podr\u00eda parecer, en apariencia, una aplicaci\u00f3n estricta de los estatutos. Sin embargo, cuando la sanci\u00f3n se aplica solo a quienes representan una oposici\u00f3n interna y se omite deliberadamente sancionar a otros militantes en la misma condici\u00f3n, deja de ser legalidad y se convierte en discrecionalidad. La democracia interna no se rompe cuando hay competencia; se rompe cuando las reglas se aplican con sesgo pol\u00edtico.
M\u00e1s grave a\u00fan es la negaci\u00f3n del derecho de audiencia, una garant\u00eda elemental no solo en la vida partidista, sino en cualquier sistema que se asuma democr\u00e1tico. No notificar a los consejeros, impedirles defenderse y, posteriormente, argumentar que el da\u00f1o ya no puede repararse porque el proceso \u201cya ocurri\u00f3\u201d, revela una l\u00f3gica peligrosa: la del hecho consumado como estrategia para burlar la justicia. En t\u00e9rminos pol\u00edticos, es aceptar que el poder interno puede imponerse incluso por encima de la ley, siempre y cuando el calendario juegue a favor de quien controla el aparato.
La postura de la Comisi\u00f3n de Justicia del PAN, al reconocer impl\u00edcitamente que los consejeros pod\u00edan tener la raz\u00f3n, pero sostener que ya no era posible resarcir el da\u00f1o, raya en el cinismo institucional. Es tanto como decir que la legalidad tiene fecha de caducidad y que los derechos de la militancia valen menos que la comodidad de una dirigencia. Por eso la intervenci\u00f3n del Tribunal no solo era necesaria, sino inevitable: alguien ten\u00eda que recordarle al PAN que sus estatutos no est\u00e1n por encima de la Constituci\u00f3n, ni sus procesos internos exentos del escrutinio jur\u00eddico.
Resulta preocupante, adem\u00e1s, la narrativa que intenta reducir este fallo a un problema de \u201cno saber perder\u201d. Ese discurso, adem\u00e1s de simplista, es profundamente deshonesto. No se trata de desconocer resultados, sino de cuestionar un proceso viciado desde su origen. Confundir legalidad con victoria pol\u00edtica es una de las trampas m\u00e1s recurrentes del poder, y cuando esa l\u00f3gica se normaliza dentro de un partido, lo que sigue es la expulsi\u00f3n silenciosa de la disidencia y la cancelaci\u00f3n de la pluralidad interna.
La frase que circula entre militantes \u2014\u201cte inhabilito y te dejo fuera\u201d\u2014 no surge de la exageraci\u00f3n ret\u00f3rica, sino de la experiencia concreta de quienes fueron excluidos sin derecho a defensa. Cuando un partido empieza a usar la inhabilitaci\u00f3n como herramienta pol\u00edtica, deja de ser un espacio de competencia democr\u00e1tica y se transforma en un club de lealtades condicionadas. Eso no fortalece al PAN; lo debilita y lo aleja de su base social.
El fallo del Tribunal abre, parad\u00f3jicamente, una oportunidad. Reponer la asamblea y restituir derechos no deber\u00eda verse como una derrota, sino como una posibilidad de corregir el rumbo y enviar un mensaje claro: en el PAN a\u00fan caben las voces cr\u00edticas y la competencia real. La democracia no es c\u00f3moda, implica riesgos, derrotas y confrontaciones internas, pero es el \u00fanico camino para construir legitimidad.
Si el PAN pretende ser una oposici\u00f3n s\u00f3lida rumbo a 2027, primero tendr\u00e1 que demostrar que es capaz de gobernarse a s\u00ed mismo con apego a la ley. No se puede exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos desde la tribuna p\u00fablica cuando, en la vida interna, se toleran pr\u00e1cticas que los vulneran. La autoridad moral no se decreta; se construye, y en este caso, se ha visto seriamente comprometida.
En pol\u00edtica, las formas importan tanto como los resultados. Y hoy, m\u00e1s que un conflicto interno, el PAN enfrenta un dilema mayor: decidir si quiere seguir siendo un partido que presume democracia o uno que la practica, incluso cuando el resultado no le favorece. El Tribunal ya hizo su parte. Ahora la responsabilidad es del propio partido y de su militancia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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