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Uno de los dos hermanos implicados en el escape del capo fue identificado como miembro del PRI

Ciudad de México.- Los dos integrantes del Cártel de Sinaloa que pilotearon las avionetas que trasladaron a Joaquín El Chapo Guzmán hacia el Triángulo Dorado tras la fuga del capo fueron sentenciados por posesión de arma sin permiso y delitos contra la salud, pero seguirán siendo procesados por su responsabilidad en el escape del líder criminal.

Tanto Héctor Ramón Takashima Vlenzuela, piloto “histórico” del Cártel del Pacífico, como Julio César Takashima Valenzuela, mecánico en aviación, recibieron sentencia por un proceso en su contra abierto en el estado de Sinaloa, el cual no tiene que ver con el caso, aún abierto, del escape del Chapo.

De acuerdo con la versión del semanario Riodoce, los hermanos han sido identificados como los dos sujetos que volaron dos aeronaves desde un aeródromo de Querétaro, al cual el capo se trasladó por vía terrestre después de haber escapado por medio de un túnel del penal del Altiplano, en el Estado de México.

Ambos hermanos fueron sentenciados a seis años de prisión, periodo de tiempo que se cumplió en el año 2021, pues las autoridades federales los capturaron en 2015 con armas y una maleta con cocaína; debido a esto, la condena se dio por cumplida, pero seguirán recluidos en el Altiplano por el delito de evasión de presos.

¿Quiénes participaron en la fuga del Chapo?
De acuerdo con información oficial, nueve personas estuvieron involucradas en el escape del Chapo, entre los cuales se encuentran los dos hermanos, uno de los cuales fue identificado como miembro en activo del PRI al momento de ser detenido, el jefe de abogados del líder criminal, así como el cuñado del narcotraficante y uno de sus ex compañeros de celda.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que, gracias a su estatus como líder de la defensa del Chapo, Óscar Manuel Gómez Núñez, organizó y sirvió de enlace con los encargados de la construcción del túnel por el cual escapó, pues gracias a sus ingresos al penal, logró comunicar los avances a su cliente, así como de manifestar sus deseos a quienes lo construyeron.

Por su parte, Rigoberto Martínez Dávalos, ex compañero de celda del Guzmán Loera, se encargó de negociar la adquisición del inmueble que se conectaba mediante el túnel a una de las regaderas del penal del Altiplano, el cual fue cedido por su propietario mediante trámites irregulares.

La construcción del túnel estuvo a cargo de Lázaro Araujo Burgos, hombre de confianza del Chapo, quien previamente había construído varios túneles en la frontera de México con Estados Unidos.

Estos trabajos fueron supervisados por Édgar Coronel Aispuro, cuñado del narcotraficante y hermano de Emma Coronel, esposa del Chapo quien confesó ante una corte de EEUU haber participado en la fuga al sobornar a personal del penal, además de facilitarle un reloj con localizador GPS, lo cual ayudó a precisar el trazo del túnel desde su celda hasta el domicilio ubicado a más de un kilómetro del penal.

Por su parte, los hermanos Héctor Ramón y Julio César Takashima Valenzuela se desplazaron desde su natal Sinaloa hasta el estado de Querétaro, lugar al cual el Chapo acudió después de haberse fugado del Altiplano.

En el lugar, Julio César se encargó de reparar un aeronave presente en un aeródromo, en la cual se desplazó hasta la zona del Triángulo Dorado en compañía de su hermano, quien piloteó otra avioneta en la cual transportó al Chapo hasta la sierra de Badiraguato, donde se ocultó después de haber escapado de prisión.

“He sufrido mucho”, “el trato que recibo es cruel e injusto”, “me sirven poca comida y a menudo me quedo con hambre”, expresó el excapo en una carta según la cadena de Univision

Estados Unidos.- El narcotraficante más famoso de México, Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló en las condiciones que vive su cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

“He sufrido mucho”, “El trato que recibo es cruel e injusto”, “Me sirven poca comida y a menudo me quedo con hambre”, expresó el excapo en una carta según la cadena de Univision.

Asimismo, Joaquín Guzmán Loera dijo que hay “revisiones constantes dentro de su celda, cámaras de vigilancia hasta en el sitio donde conversa con sus defensores legales y un análisis minucioso de las cartas que ha escrito, son algunas de las medidas que toma el gobierno para evitar que se escape”.

“Soy un mexicano de 64 años y fui extraditado de México a Estados Unidos en enero de 2017”, comienza el documento de siete páginas, escrito en inglés y que el capo firmó remarcando “Joaquín Guzmán L”.

Por ello, aseguró que “debido al trato en ADMAX ahora yo padezco dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares, estrés y depresión”, aseguró ‘El Chapo’.

De igual manera aseveró en el documento que “el trato que recibo es cruel e injusto, y me está causando que sufra problemas psicológicos y de salud. Yo rezo para que esta corte intervenga”.

En su declaración jurada, Guzmán alega que ni siquiera le hacen caso cuando pide atención médica. Él narra un incidente sucedido en julio de 2021, cuando estaba tosiendo “incontroladamente” y tenía el pecho congestionado, pero “nunca recibí tratamiento médico”.

“He sufrido mucho estando en confinamiento solitario. Mi presión arterial se ha elevado, llevando a dolores de cabeza y ansiedad. A veces olvido cosas”, aseguró el traficante.

Por otra parte lamentó que “me sirven poca comida y a menudo me quedo con hambre” y aseguró tener un trastorno de sueño porque lo despierta después de la medianoche el aire “extremadamente caliente” que sale por la ventilación durante quince minutos entre cuatro y cinco veces. Esto causa que mi corazón comience a latir rápidamente, elevando mi presión arterial”

Finalmente dijo que “aunque yo no comparto una celda y estoy dentro de mi celda 24 horas al día, funcionarios de la prisión entran a mi celda varias veces por semana para hacer registros de rutina, cuando ellos mueven y tocan todas mis pertenencias”.

De acuerdo con el medio de noticias, el Departamento de Justicia (DOJ) no ha respondido a la querella, ya que el juez Michael Hegarty aprobó el pasado 12 de mayo una moción para que lo haga hasta el 15 de junio y programó una audiencia para el 7 de julio.