Defensoras de los derechos de niños y adolescentes, así como especialistas, advierten del aumento de casos de agresión a los menores, en muchos casos por sus progenitores
Ciudad de México. Con más de 30 años en la atención a víctimas de violencia sexual, la especialista Laura Martínez Rodríguez vive en constante ajetreo. Como fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (Adivac), se mantiene al tanto del trato que se da a las personas que semanalmente acuden a este espacio, así como de los informes y reportes que autoridades de procuración y administración de justicia le solicitan a la organización.
“Cada semana nos llegan en promedio entre tres y cuatro oficios, todos urgentes, sobre evaluaciones de víctimas, o solicitudes de tribunales familiares para dar tratamiento a niños y niñas para restablecer vínculos con sus progenitores, que muchas veces son quienes abusaron de ellos, lo que nos parece aberrante”, dice la experta.
En su larga trayectoria de apoyo a víctimas de violencia sexual, Martínez Rodríguez advierte que, sobre todo en el caso de niños, los integrantes del Poder Judicial en los estados “siguen en la época de las cavernas”, pues desconocen estándares y tratados internacionales para erradicar la violencia y discriminación hacia las mujeres, así como los derechos de los infantes.
Adivac atiende semanalmente a unas 400 personas, de las cuales 30% son niñas, niños y adolescentes. Muchos de ellos han sido víctimas de sus progenitores, contra quienes sus madres han peleado “hasta 11 años en los tribunales y hemos visto casos en los que los jueces de lo familiar dieron los niños a sus agresores, lo que es parte del pacto patriarcal”.
En la memoria de Laura Martínez hay un lugar especial para Mireya Agraz, mujer que se suicidó junto con sus hijos en junio de 2017, cuando perdió la patria potestad de sus hijos ante su agresor, por considerar que los niños habían sido víctimas de alienación parental por parte de Mireya, es decir, que ella manipulaba a sus hijos para que acusaran a su papá de abuso sexual.
En ese caso, Adivac participó y en todo momento consideró ante tribunales la inconveniencia de que los pequeños fueran entregados a su progenitor por ser su agresor sexual.
“Como el caso de Mireya hay muchos –lamenta la especialista–. Aunque en la Ciudad de México se derogó en el Código Civil la alienación parental, que no tiene sustento científico, se sigue cuestionando a las madres, cuando en temas de abuso los niños no mienten. El mismo sistema sigue generando, alimentando la impunidad y que los agresores sexuales digan: ‘No van a hacer nada’, empezando lo que implica iniciar una averiguación.”
Entre las prácticas de agentes ministeriales están llamar a declarar a los menores violentados, contra lo que dice la Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; la utilización de Bosty, un títere animado detrás del que hay un psicólogo, “que no tiene sustento científico”, o desestimar denuncias bajo el argumento de que el acusado no tiene perfil de agresor sexual, “cuando esa figura legal para estos casos no existe”.
“He escuchado que los agentes del Ministerio Público le preguntan a un niño: ‘¿Ratificas o no ratificas la declaración?’, después de que sacan a la mamá y al papá, lo dejan solito con un tipo que ejerce su autoridad y que no sabe cómo tratar a un niño. Los niños se asustan”, destaca la directora de Adivac.
Con base en su trabajo cotidiano, Martínez también alerta de un incremento de la violencia sexual contra la niñez, pero admite que hasta ahora es un tema que carece de datos estadísticos; hasta el momento hay algunos acercamientos para documentar el abuso sexual en México, pero no con detalle.
Por ejemplo, en 2016 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) presentó el Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual a México, en el que menciona que de 2010 y 2015 se habrían cometido 2 millones 996 mil 180 delitos sexuales en el país, lo que equivale a unos 600 mil al año.
El cálculo del Comité de Violencia Sexual de la CEAV se basó en los reportes de 83 mil 463 averiguaciones previas por delitos sexuales, proporcionados por 15 procuradurías estatales y la entonces Procuraduría General de la República sobre ese quinquenio, y las consideraciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de 2014, de que 98.5% de los delitos sexuales no son denunciados por las víctimas.
“De lo anterior, la cifra negra de delitos sexuales en el quinquenio en estudio se puede estimar en 1 millón 414 mil 627, en la mitad de las entidades federativas. Si esta cifra se multiplica por dos, se puede señalar que el total de delitos sexuales cometidos en el país durante el periodo 2010-2015 fue de 2 millones 996 mil 180, esto es, casi 600 mil delitos sexuales anualmente”, concluye el informe.
Infancia y adolescencia sin derechos
Sobre la situación de niñas y niños, el estudio Violencia sexual infantil en México. Retos y oportunidades en las principales fuentes de información estadística, de marzo de 2022, resalta que en 2021 se registraron 69 mil 516 delitos de carácter sexual a nivel nacional, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A su vez, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2020 reportó que de los 51 mil 273 delitos sexuales cometidos contra víctimas, que obran en carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público y el especializado en adolescentes, 42.4% de las víctimas (es decir, 21 mil 717) eran menores de edad, 83% de las cuales eran del sexo femenino.
En materia de atención médica en centros hospitalarios públicos, en 2017 la Dirección General de Información en Salud informó que en 2017 hubo “464 egresos de menores de edad por maltrato, de los cuales 281 fueron por abuso sexual infantil, donde 84% de éstos corresponden a niñas”.
Y en 2020, del total de personas atendidas en instituciones de salud por lesiones, 43.2% (es decir 5 mil 494) fueron niñas, niños y adolescentes “víctimas de violencia sexual, de los cuales 92.4% (5 mil 76) fueron mujeres y 7.6% (418) hombres, mientras que tres de cada cuatro sufrieron este tipo de violencia en sus hogares”.
informe, elaborado por Early Institute, Alumbra, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la UNODC, agrega el dato de la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones en los Hogares 2016 del Inegi, sobre la violencia sexual contra mujeres que afirmaron haber sido agredidas antes de los 15 años: 4 millones 378 mil 40 víctimas.
En el estudio se reconoce que documentar los delitos sexuales se complica porque “entre 30% y 80% de las víctimas no admiten o declaran haber sido víctimas sino hasta la edad adulta, mientras que muchos otros permanecen en silencio toda su vida, lo cual impide generar estadísticas precisas”.
Rosario Alfaro Martínez, directora de Guardianes. Afectividad y Sexualidad, organización especializada en la prevención de la violencia sexual, agrega datos de 2020: según el Departamento de Estado estadunidense, México ocupaba el primer lugar en difusión de pornografía infantil a nivel mundial y es el segundo en turismo sexual infantil, de acuerdo con la Fiscalía General de la República.
Por otra parte, dice Alfaro, en 2013 el Centro de Investigación, Difusión y Estudio sobre la Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial ubicaba como la edad promedio de las víctimas de abuso sexual infantil en 5.7 años, y 60% de los agresores sexuales de niños son padres, tíos, abuelos o personas cercanas.
“Está normalizada la violencia y eso invisibiliza el abuso sexual infantil. Cuando el agresor es parte de su familia confunde a los niños, que no saben cómo explicar lo que les ocurrió, que no siempre es penetración, y si lo hablan, se encuentran con cuestionamientos como ‘¿Quieres que tu papá, tío o abuelo vaya a la cárcel?’, colocando a los niños en una situación muy complicada”, explica.
La directora de Guardianes destaca que el silencio no sólo impacta en la falta de acceso a la justicia, sino en el desarrollo futuro de los niños y niñas afectados:
“Si en los adultos un abuso genera secuelas traumáticas, sin que ello dañe su personalidad ni su estructura cerebral o neurológica, en la primera infancia es muy grave porque las secuelas son mucho más graves y más permanentes, además las víctimas van a concursar siempre con dos cosas: amnesia o disociación, lo que hace que muchas víctimas terminan pensando que a lo mejor no pasó nada.”
Esta es una de las razones por las que Guardianes y otras organizaciones de defensa de los derechos de la infancia han pugnado para que los delitos sexuales contra personas menores de 18 años no prescriban. Pero existen otras dificultades:
“Para que el caso proceda, se tiene casi casi que dejar a la víctima con síntomas, pero es muy grave desde el punto de vista psicológico dejar a una víctima de primera infancia sin atención, porque deja secuelas terribles.
“Es muy lamentable que no se atienda a los niños de forma inmediata porque la única etapa en la vida en que te puedes recuperar del daño es en la infancia, el cerebro es más resiliente. Un niño o una niña necesita una terapia por uno o dos años y va a estar bien, pero si no se atiende a tiempo, siendo adultos pueden tener 20 años de terapia y no estar bien”, sostiene la experta.
La directora de Guardianes resalta que en el acceso a la justicia favorece a la recuperación psicológica de las víctimas, que en los procesos legales “siempre son puestas en duda junto con sus madres y familiares que los apoyan”.
Sin embargo, reconoce que aún falta un tramo largo en México para que se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y se diseñen políticas públicas anteponiendo el interés superior de la infancia y la adolescencia.
“El lema de Guardianes es: Si queremos acabar con la violencia en las calles, tenemos que acabar con la violencia en las casas. Pero no tenemos claridad de cómo funciona el tema, no hay leyes claras y no hay personal de procuración y administración de justicia que estén capacitados para atender el tema, y peor aún, no hay inversión pública para la infancia”, lamenta Alfaro.
Reportaje publicado el 24 de abril en la edición 2373 de la revista Proceso.
