“En Sinaloa, el PAS presentó iniciativa para reservar una magistratura para una persona de ascendencia indígena”: Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño.

Para el Partido Sinaloense, el nombramiento de un magistrado de origen indígena al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un hito histórico que trasciende las diferencias partidistas y abre un nuevo capítulo en la impartición de justicia, al propiciar condiciones para superar la exclusión que han padecido diversos sectores sociales, en particular los pueblos originarios, aunque en Sinaloa aún persisten barreras lingüísticas, culturales e institucionales que limitan el acceso efectivo a la justicia de nuestras poblaciones indígenas, señaló el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño.

Ante este tenor, como Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, la diputada Angélica Díaz Quiñones y un servidor, acompañados de ciudadanas sinaloenses comprometidas con esta causa, presentamos, el pasado 20 de mayo, una iniciativa de reforma a la Constitución de Sinaloa que, entre otras cosas, contempla fundamentalmente reformar el artículo 94 para que el Supremo Tribunal de Justicia, integrado por 11 miembros, exista obligatoriamente una magistratura reservada para una persona de ascendencia indígena, y también reformar los artículos 105 bis, 108 y 109 para establecer que en los distritos judiciales con presencia indígena haya por lo menos un juez de primera instancia, un juez menor y un magistrado de circuito de origen étnico.

Durante la 63ª legislatura, como Grupo Parlamentario, impulsamos iniciativas orientadas a consolidar la representación política de estas comunidades indígenas, y gracias al esfuerzo conjunto de las distintas fuerzas políticas, se materializó el 1 de septiembre de 2023 con la aprobación de un dictamen que establece la figura de regidores étnicos, garantizando la paridad de género y respetando las tradiciones de cada asentamiento.

Para nosotros, en el PAS, esta iniciativa representa una gran trascendencia porque se sustenta en la ley que establece el catálogo de pueblos y comunidades indígenas, según la cual aquí en Sinaloa, y hay que decirlo así, hay 236 asentamientos originarios distribuidos en 10 municipios. Estos datos y la realidad que prevalece nos imponen la obligación moral de avanzar hacia nuevos paradigmas de justicia e inclusión.

Por lo que el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, realizó un respetuoso exhorto para que esta propuesta sea considerada en esta asamblea parlamentaria, y podamos juntas y juntos reforzar el principio constitucional de pluriculturalidad y los compromisos internacionales de México en materia de derechos indígenas.