Ley de Amnistía sólo ha podido beneficiar a 5 personas en año y medio desde su publicación, alerta Instituto Belisario Domínguez del Senado
Ciudad de México. Delitos como el aborto y los relacionados a la salud, como el narcomenudeo, han dilatado en congresos estatales la armonización de la Ley de Amnistía publicada por el Ejecutivo federal en 2020 debido a que en sus códigos penales se siguen tipificando.
La ley de Amnistía a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que delitos como el aborto en diversas modalidades, el homicidio por razones de parentesco; los delitos contra la salud por posesión o distribución en pequeñas cantidades y bajo coacción; delitos atribuibles a indígenas; robo simple y sedición, sean beneficiados con la excarcelación.
Sin embargo, de acuerdo con un informe presentado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, en 16 estados de México se discute esta ley sin haber reformado sus códigos penales estatales.
Se trata de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.
En estas entidades, los congresos estatales buscan armonizar la ley de Amnistía, no obstante, el aborto- uno de los objetivos de la reglamentación- aún se penaliza si no se cumplen ciertos supuestos como el abuso sexual o situación económica grave.
En el caso de Guanajuato, que es gobernado por el panista Diego Sinhue Rodríguez, el 28 de septiembre de 2020 la iniciativa fue declarada improcedente.
En la Ciudad de México está en análisis por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Derechos Humanos del Congreso capitalino pero hasta el 30 de mayo no se registran avances.
Hasta ahora, sólo cuatro estados del país: Ciudad de México; Oaxaca; Hidalgo y Veracruz se ha logrado totalmente la despenalización del aborto, pero sólo en Hidalgo ya es una realidad que las mujeres o personal médico sentenciados puedan recurrir a este beneficio.
En el caso de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Jalisco, Querétaro, Sonora, Tabasco y Veracruz de plano no hay análisis de ninguna iniciativa que busque implementar la Ley de Amnistía.
“Se requieren de otras acciones institucionales integrales y complementarias que ayuden a garantizar la no repetición de hechos similares y poder cumplir con el objetivo real del mecanismo”, refiere el Instituto Belisario Domínguez al que accedió Forbes México.
“Las leyes o iniciativas locales de amnistía no están siendo armonizadas con otras transformaciones legislativas necesarias para garantizar que no se vuelva a encarcelar, en este caso, a las mujeres por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Otro tema pendiente, en materia del delito contra la salud, es la revisión de la política de drogas y su legislación actual. En ambos temas se requiere la participación de los Poderes Ejecutivos y Legislativos locales”.
Sólo Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Sinaloa han podido aprobar la Ley de Amnistía. En Durango, aunque la iniciativa fue aprobada por el Congreso local, con limitaciones en aborto y delitos contra la salud, esta no ha sido promulgada por el Ejecutivo local.
Amnistía beneficia sólo a 5 en un año; advierten deficiencia en solicitudes
De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República en un año cuatro meses desde que se promulgó la Ley de Amnistía, esta sólo ha podido beneficiar a cinco personas.
Según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de este año, la Comsión de Amnistía, órgano que se encarga de recibir y analizar las solicitudes de revisión para excarcelación, se habían recibido mil 115 casos para dictaminar.
La Comisión detalló que de estos casos 942 eran solicitudes hechas por hombres y 173 por mujeres. De esos casos, 67 son relativos a indígenas. Respecto a delitos contra la salud se recibieron 760 solicitudes de las cuales 175 se encontraron improcedentes y en las restantes se espera más información.
No obstante, el reporte del IBD advierte sobre un registro inadecuado e inconsistente en el número de casos estudiados por la Comisión de Amnistía y que impiden hacer un recuento eficiente de las solicitudes.
“Se observa que la información disponible en materia de solicitudes no cuenta con un mecanismo único y eficiente de datos y consulta que permita darle un seguimiento puntual al número de solicitudes presentadas, a los procesos de determinación y a las amnistía otorgadas o negadas, asimismo, es difícil conocer los datos desagregados por sexo, edad, tipo de delito y grupo beneficiario”, alertó.
