Este viernes se consumó un acto imperdonable y profundamente revelador del nivel de intolerancia que ciertos grupos han decidido normalizar. Durante una manifestación organizada por jubilados que rechazan la reingeniería universitaria de la UAS —y a la que ellos mismos llamaron a los medios de comunicación—, uno de estos manifestantes, convertido en un agresor iracundo, atacó de manera violenta e injustificada al reportero Juan Manuel Frausto Romo, de Revista En Corto y EL UNI Independiente.
El periodista realizaba su labor, documentando la protesta como corresponde a su oficio y como corresponde a la convocatoria que los propios manifestantes hicieron llegar a la prensa. Sin embargo, ese ejercicio elemental de libertad informativa se convirtió en detonante de un ataque absurdo y cobarde.
En la manta central de la protesta se leía: “Rechazo a la aplicación de leyes retroactivas al derecho adquirido de la jubilación dinámica”, firmada por el Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la UAS. A un extremo, un hombre cubierto con cachucha y lentes oscuros se mantenía oculto detrás de la lona, evadiendo deliberadamente las cámaras. Pero al percatarse de que el periodista lo había captado —como parte normal de su cobertura—, el sujeto estalló en furia y lo agredió físicamente.
Se trató de un ataque directo, artero, violento, injustificable. El tipo traía un objeto contundente con el que golpeó en repetidas ocasiones al reportero, gritando: “¿por qué me grabas?”
Un ataque de un agresor que debe ser identificado públicamente y llevado ante la justicia.
“Estas conductas no se pueden ni se deben tolerar. Este grupo ha caído en un radicalismo enfermizo: exigen respeto a la libre expresión, pero atacan violentamente a quienes informamos o a quienes piensan distinto”, denunció el periodista instantes después del golpe.
La contradicción es grotesca: quienes exigen libertad de expresión para sí mismos golpean a quienes se dedican a garantizarla para todos.
Este hecho no puede quedar en un comunicado tibio ni en un “ya pasó”. Es una agresión contra la prensa, contra el derecho a informar y contra la sociedad misma. Por ello, la autoridad debe actuar de inmediato, identificar al agresor, proceder penalmente y asegurar que este caso no se pierda en el archivo muerto donde suelen enterrarse las agresiones a periodistas.
Este viernes no se registró solo una agresión física: se registró un acto de intolerancia que pretende intimidar a la prensa. Se registró un mensaje que no debe permitirse: que cualquiera puede golpear a un reportero sin consecuencias.
El agresor debe tener nombre, rostro y un expediente penal abierto. Debe haber justicia. Porque cuando se golpea a un periodista, se golpea el derecho de todos a saber la verdad.